REVUE INTERNATIONALE DE DROIT PÉNAL / INTERNATIONAL REVIEW OF PENAL LAW REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL SOMMAIRE / CONTENTS / ÍNDICE

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1 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT PÉNAL / INTERNATIONAL REVIEW OF PENAL LAW REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL 79 e année - nouvelle série 3 ème et 4 ème trimestres 2008 (CD ROM Annexe) SOMMAIRE / CONTENTS / ÍNDICE XVIIIème Congrès International de Droit Pénal XVIIIth International Congress of Penal Law XVIII Congreso Internacional de Derecho Penal COLLOQUE PRÉPARATOIRE. Cleveland (USA), 9-12 avril 2008 Section II Droit pénal spécial: Le financement du terrorisme PREPARATORY COLLOQUIUM. Cleveland (USA), 9-12 April 2008 Section II Criminal Law. Special Part: Financing of Terrorism COLOQUIO PREPARATORIO. Cleveland (EE.UU.), 9-12 abril 2008 Sección II Derecho Penal. Parte especial: Financiación del terrorismo Rapports nationaux / National Reports / Informes nacionales Argentina, Patricia Marcela Llerena 3 Austria, Roland Miklau 15 Belgique, Gert Vermeulen et Adrien Masset 23 Brazil, Carlos Eduardo Adriano Japiassú & Fauzi Hassan Choukr 59 Croatia, Davor Derenčinović 73 France, Frédérique Chopin 85 Germany, Sonja Heine 137 Guinée, Dramé Mamadou Alioune 145 Hungary, Norbert Kis and Peter Nyitrai 157 Italy, Elisabetta Rosi 179 Japan, Takeyoshi Imai 195 México, Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra 203 Poland, Krzysztof Indecki 223 Romania, Ioana Vasiu 259 United States of America, Bruce Zagaris

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3 Coloquio Preparatorio del XVIII Congreso Internacional de Derecho Penal Cleveland (EE.UU.), 9-12 abril 2008 Sección II - Derecho penal. Parte especial Financiación del terrorismo ARGENTINA* Patricia Marcela LLERENA ** Introducción Las medidas contra la financiación del terrorismo son útiles y necesarias, pues pueden servir para reducir el mal generado por las operaciones y ataques terroristas. Por otra parte, sirven para el seguimiento de las actividades militantes, así como para el despliegue de acciones preventivas, y favorecen de este modo la reconstrucción de los hechos y la detección de complots. Además, el anuncio público de que las actividades financieras de los grupos extremistas se someten a examen obligará a estos últimos a cambiar regularmente las tácticas y métodos de comunicación, dando mayores oportunidades a los servicios de información para recopilar nuevas informaciones. La comunidad internacional comenzó a abordar el problema de la financiación del terrorismo en los años 1990, a través de la Resolución de la Asamblea General 51/210, de 17 de diciembre de 1996 (par. 3, subpar. (f)) y, de forma más importante, por medio del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, de Este Convenio ha ganado importancia tras los ataques del 11 de septiembre en suelo americano. Como consecuencia de ellos, numerosas iniciativas y medidas han venido a completar el Convenio: las medidas contra el blanqueo de capitales, anteriormente conocidas como AML (Anti-money laundering) han aumentado rápidamente y se han convertido en AML/CFT, esto es contra la financiación del terrorismo. El nuevo acrónimo permite contemplar estos dos tipos de actividades como similares en ciertos aspectos esenciales. No sólo se considera posible abordar paralelamente el blanqueo de dinero y la financiación en el seno de la política general de prevención y lucha contra estas dos actividades, sino que parece justificado utilizar los mismos instrumentos legislativos a tal efecto. Con todo, en este proceso se han pasado por alto ciertos elementos, como por ejemplo: (a) las diferencias significativas entre el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo; en particular en lo que se refiere al volumen de fondos implicados; (b) los diferentes objetivos subyacentes a las respuestas sociales para cada uno de estos tipos de actividades (por ejemplo, combatir el crimen privando a los criminales de sus bienes ilícitos, frente a la prevención del terrorismo a través de la reducción del apoyo material y por medio de las informaciones recogidas); (c) el creciente malestar en lo que se refiere al equilibrio costes-beneficios de esta política. Poco a poco, la AML se ha convertido en un fin en sí mismo en lugar de ser un instrumento para la lucha contra el crimen. En lo esencial, unas medidas cuya eficacia se ha puesto a menudo en cuestión y que se encuentran destinadas a impedir el desarrollo de las empresas criminales dirigidas a ocultar el origen de los fondos ilícitos (en cantida- * Nota importante: El texto publicado es la última versión original del Informe nacional enviado por la autora, sin que se haya podido someter a revisión editorial por parte de la Revue. ** Juez y Profesora universitaria. Universidad de Buenos Aires. Argentina. -3-

4 Coloquio Preparatorio Cleveland (EE.UU.), abril 2008 Argentina des importantes) se han ampliado con el fin de alcanzar igualmente a montantes insignificantes implicados en muchas numerosas operaciones terroristas. Las medidas contra la financiación del terrorismo han crecido sin cesar en su número, extensión y aplicación geográfica, gracias a organizaciones como el GAFI, la ONU, la UE y a otras iniciativas, incluidas las de carácter nacional. Se han creado listas de presuntos terroristas y se han puesto en circulación; se han incautado los bienes pertenecientes a estos últimos, incluyendo los fondos de organizaciones sin ánimo de lucro. Se han introducido leyes relativas a la financiación del terrorismo y al apoyo material al terrorismo. Múltiples polémicas han acompañado a estos desarrollos, en particular, el proceso por el cual el nombre de la persona sospechosa se inscribe en la lista y cómo su nombre puede ser, más tarde, retirado de la lista si resulta ser inocente. En algunos casos, el proceso a utilizar para retirar el nombre de la lista simplemente no está claro, pues no existe ningún medio judicial o legal que permita decidir sobre la suerte de los incluidos en tales listas, o lo que es lo mismo porque no existe ninguna condena o proceso penal contra esa persona, ni medio alguno que permita determinar la culpabilidad o inocencia de esos sospechosos. Entre tanto, el impacto de las decisiones adoptadas por autoridades ejecutivas y basadas sobre criterios o pruebas poco conocidos o transparentes puede ser devastador para los considerados sospechosos. CUESTIONARIO I. Aspectos empíricos Describa por favor el estado de la cuestión en su país (estadísticas, casos concretos, si es posible). En la República Argentina, según información suministrada por la Unidad Fiscal especializada creada en el marco de la Procuración General de la Nación, a la fecha, no existen comunicaciones relativas a la sustanciación de investigaciones relativas a presuntos hechos de financiación de actos de terrorismo. Como se indicará durante el cuestionario, recién a partir del 5 de Julio de 2007, mediante la sanción de la Ley n , se modificó el Código Penal incluyendo el delito de Asociación ilícita con fines terroristas y el delito de financiación del terrorismo. II. Ratificación de instrumentos universales y regionales: marco legal e institucional nacional 1. Qué instrumentos universales y regionales de lucha contra el terrorismo se han ratificado y se aplican en su país? (citar los instrumentos) La República Argentina ha ratificado las siguientes convenciones relativas a la financiación de terrorismo: a) Ley por la que se aprueba la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO b) Ley por la que se aprueba el CONVENCIÓn DE NACIONES UNIDAS PARA LA REPRESIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 2. Cuál es la legislación contra la financiación del terrorismo en su país? Se adoptó con el fin de implementar los instrumentos internacionales o no? Las disposiciones relevantes se encuentran en el Código Penal o en la legislación especial? Como consecuencia de la aprobación de los instrumentos internacionales indicados, se sancionó la Ley n , promulgada de hecho el 4 de Julio de 2007 y publicada el 5 del mismo mes y año. Esta ley, por una parte, modificó el Código Penal Argentino, incorporando como Artículo 213 quáter el delito de financiación del terrorismo. 3. Cómo y en qué términos (en qué artículo) define su legislación nacional la financiación del terrorismo? El Artículo 213 quáter del Código Penal tipifica el delito de financiación de terrorismo de la siguiente manera: Será reprimido con reclusión o prisión de CINCO (5) a QUINCE (15) años, salvo que correspondiere una pena mayor por aplicación de las reglas de los artículos 45 y 48, el que recolectare o proveyere bienes o dinero, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar a una asociación ilícita terrorista de las descriptas en el artículo 213 ter, o a un miembro de éstas para la comisión de cualquiera de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento. A su vez, el Artículo 213 ter también incorporador al Código Penal por la Ley , establece que Se impondrá reclusión o prisión de CINCO (5) a VEINTE (20) años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo RIDP/IRPL, vol.78, 2007 / 3-4 (CD-ROM Annexe) -4-

5 Coloquio Preparatorio Cleveland (EE.UU.), abril 2008 Argentina propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúna las siguientes características: a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; b) Estar organizada en redes operativas internacionales; c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas. Para los fundadores o jefes de la asociación el mínimo de la pena será de DIEZ (10) años de reclusión o prisión. 4. El marco legal de su país se basa en una ley contra el blanqueo de capitales o se trata de un marco legal específico contra la financiación del terrorismo? Como se desprende de lo dicho, el marco legal contra la financiación del terrorismo en la República Argentina es específico. Sin perjuicio de ello, la Ley n también introdujo cambios en la Ley n de fecha 11 de Mayo de 2000, por la que se modificó el Código Penal incorporando el delito de Lavado de activos [ Artículo 278, 1) a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces el monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de $50000, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. b) El mínimo de la escala penal será de cinco (5) años de prisión, cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza; c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a, el autor será reprimido, en su caso, conforme a las reglas del artículo 277; 3) El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el fin de hacerlos aplicar en una operación que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido conforme a las reglas del artículo 277; 4) Los objetos a los que se refiere el delito de los incisos 1, 2 ó 3 de este artículo podrán ser decomisados. 5) La exención establecida en el inciso 4 del artículo 277 no será de aplicación a ninguno de los supuestos contemplados por el presente artículo ( inciso incorporado por la Ley n , referente a la no aplicación de las excusas absolutorias). Al establecerse el delito de financiación de terrorismo, se le confirió competencia a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, creada por la Ley , en materia de financiación de terrorismo. 5. Hay organismos específicos para la lucha contra la financiación del terrorismo? Se ha creado una unidad de información financiera con objeto de recoger y analizar las actividades o transacciones sospechosas? Es competente esta Unidad para la lucha contra financiación del terrorismo? Hay otras estructuras o jurisdicciones con tareas específicas en ámbitos conexos a éste? Por Ley n (11 de Mayo de 2000) se creó la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo que, según lo establece el artículo 6 originariamente estaba encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de la información a los efectos de impedir el lavado de activos, proveniente de a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (Ley ); b) Delitos de contrabando de armas (Ley ); c) Delitos relacionados con las actividades de una asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales; e) Delitos de fraude contra la Administración Pública (art. 174 inciso 5 del Código Penal); f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los Capítulos VI, VII, IX y IX bis del Título XI del Libro Segundo del Código Penal; g)delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal; h) Delitos de financiación de terrorismo (art. 213 quáter del Código Penal). Este último inciso fue incorporado por la Ley , julio de 2007). Asimismo, en el ámbito de la Procuración General de la Nación, con fecha 21 de Septiembre de 2006, se creó la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo, estable- RIDP/IRPL, vol.78, 2007 / 3-4 (CD-ROM Annexe) -5-

6 Coloquio Preparatorio Cleveland (EE.UU.), abril 2008 Argentina ciéndose que comenzaría con sus funciones operativas a partir del 1 de Noviembre de Las funciones de la Unidad Fiscal mencionada son, entre otras: a) Recibir los expedientes que, por virtud de lo dispuesto por los arts. 19 y 28 de la Ley remita la Unidad de Información Financiera, al Ministerio Público Fiscal; llevando un Registro al efecto; b) Continuar en esos casos con la investigación preliminar correspondiente a fin de dilucidar si corresponde ejercer la acción penal pública, dentro de un plazo no mayor de sesenta días corridos. En caso de que, transcurridos sesenta días desde la recepción de las actuaciones, no fuere todavía posible establecer dicha circunstancia, deberán remitirse las mismas al señor Fiscal de Primera Instancia competente, -mediante un sistema equitativo- para que concluya esa actividad. Concluida la investigación preliminar, será ejercida -de corresponder- la acción penal, o se requerirá al juez competente el archivo de las actuaciones, conforme lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley ; c) Colaborar con los magistrados del Ministerio Público Fiscal en el trámite de las causas seguidas en orden a los delitos de lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo, cuando el fiscal interviniente lo solicite; d) Brindar apoyo técnico a los magistrados del Ministerio Público Fiscal, específico en la materia acerca de tratados, convenios, doctrina y fallos jurisprudenciales referidos a la materia de competencia de la Unidad; e) Intervenir en todo trámite por el que, por aplicación de lo dispuesto por el artículo 14, incisos 5 y 6, de la Ley 25246, la Unidad de Información Financiera acuda al Ministerio Público Fiscal; f) Colaborar en la elaboración de programas de prevención, nacionales e internacionales, asesorando a los organismos del Estado para implementar políticas públicas comunes en la materia, y coordinar con las autoridades correspondientes las actividades de capacitación y especialización de funcionarios y empleados que oportunamente se determinen (de éste Ministerio Público Fiscal, de otros organismos del Estado, como así también de funcionarios de las fuerzas de seguridad). g) Llevar un control de información actualizada y estadístico del avance procesal de los casos relativos a la especialidad de la Unidad; quedando habilitada a requerir de las distintas fiscalías nacionales y federales informes periódicos sobre el estado de los mismos. h) Las Fiscalías Nacionales y Federales deberán informar a la Unidad dentro de los treinta días del dictado de la presente resolución las causas en trámite en orden al delito de lavado de dinero, como así también acerca de los requerimientos de cooperación internacional que hayan sido librado o recibidos en orden a los delitos referidos. i) Elevar al suscripto trimestralmente, y a través de la Secretaría General de Coordinación, un informe actualizado acerca del avance procesal de los casos relativos a la especialidad de la Unidad; j) Solicitar a los organismos públicos y privados toda aquella información que resulte necesaria a efectos de cumplir con las funciones descriptas precedentemente. III. Prevención de la financiación del terrorismo 1. Las medidas contra el blanqueo (como la identificación de clientes, autorización o registro de operaciones, debida diligencia) son aplicables a la financiación del terrorismo? SÍ a) En caso afirmativo, la legislación contra el blanqueo se adecua a los estándares internacionales? SI, se han tomado en consideración las Convenciones Internacionales, así como las recomendaciones del GAFI y del GAFISUD, entre otros organismos, para adecuar la legislación argentina a los parámetros internacionales. La Unidad de Información Financiera, es la encargada por ley de dictar resoluciones a fin de establecer las pautas objetivas a tener en consideración por los sujetos obligados a informar operaciones inusuales o sospechosas. La Unidad de Información Financiera en las mismas Resoluciones que dicta a los fines de fijar las pautas objetivas, establece la obligación de los sujetos obligados a informar operaciones inusuales, relacionadas con los listados proporcionados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a fin de informar operaciones no usuales no sólo en el marco del sistema de prevención de lavado de dinero sino, además, en el marco de la prevención de la financiación del terrorismo. b) En caso negativo, hay medidas preventivas específicas aplicables a la financiación del terrorismo? Se hace remisión a la contestación anterior c) Se aplican sólo a los bancos o también a otras instituciones financieras no bancarias, o a instituciones comerciales, o a organizaciones sin ánimo de lucro, etc.? RIDP/IRPL, vol.78, 2007 / 3-4 (CD-ROM Annexe) -6-

7 Coloquio Preparatorio Cleveland (EE.UU.), abril 2008 Argentina Las medidas que se deben adoptar con relación a la identificación del cliente (regla KYC), la debida diligencia (due diligence), entre otras, deben ser aplicadas tanto por los bancos como por otras instituciones no bancarias. En tal sentido, la ley , en su artículo 20, establece quiénes son los sujetos obligados a informar operaciones inusuales o sospechosas. Además de los bancos, por ejemplo, están mencionadas las instituciones financieras no bancarias (en la República Argentina, la Casas de Cambio están sometidas, además al control del Banco Central de la República Argentina); las personas físicas o jurídicas que trabajen con juegos de azar; agentes y sociedades de bolsa; sociedad gerentes de fondos comunes de inversión, agentes del mercado abierto electrónico, los intermediarios en compra, alquiler o préstamo de títulos valores, que operen bajo la órbita de las bolsas de comercio con o sin mercados adheridos; intermediarios en el mercado de futuros y opciones; registros públicos de comercio, organismos de fiscalización y control de personas jurídicas, registros de la propiedad inmueble, registro automotor y prendarios; personas físicas o jurídicas que se dedican a la compra venta de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas; empresas aseguradoras, empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra; transporte de caudales; empresas prestatarias o concesionarios de servicios postales que realicen operaciones de giro de divisas o traslado de distinto tipo de moneda o billetes; escribanos públicos, contadores públicos, productores y asesores de seguros, personas jurídicas que reciban donaciones o aportes pecuniarios de terceros y los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas o autárquicas que tengan funciones de regulación, control, supervisión o superintendencia sobre actividades económicas o negocios jurídicos o sobre sujetos de derecho. 2. Las normas en materia de secreto bancario permiten revelar la información relativa a la financiación del terrorismo? SI, ya que según lo establece la ley, a la Unidad de Información Financiera no se le puede oponer ningún secreto, excepto el fiscal. En todos los casos, los secretos se levantan por orden judicial. 3. Se suministran instrucciones, circulares o directrices a las instituciones financieras en lo que concierne al tratamiento de las actividades o transacciones sospechosas? SI, como se dijo en la contestación 1-c) la Unidad de Información Financiera, a través de resoluciones indican las pautas objetivas a tener en consideración por los sujetos obligados a informar o reportar operaciones inusuales o sospechosas (ROS), las que se acompañan por ANEXOS con enumeración de operaciones inusuales. 4. En qué condiciones pueden las instituciones financieras (o sus empleados) resultar responsables (administrativa, civil o, en su caso, penalmente) por omisión dolosa o negligencia? Tanto las instituciones financieras así como las personas físicas que trabajan en ellas, pueden ser responsabilizadas en el marco del régimen sancionador administrativo, por la misma Unidad de Información Financiera, por omisión de reporte de una operación inusual o sospechosa (Art. 24 Ley ), siempre que dicha omisión no constituya un modo de llevar a cabo una operación de lavado de dinero o dar curso a una forma de financiación del terrorismo. Por otra parte, a nivel administrativo sancionador, el mismo organismo filtro mencionado Unidad de Información Financiera, puede sancionar con multa de cinco a veinte veces el valor de los bienes objeto del delito, a la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera recolectado o provisto bienes o dinero, cualquiera sea su valor, con conocimiento de que serán utilizados por algún miembro de una asociación ilícita terrorista. La multa se establece entre un 20% al 60% en caso que el hecho hubiese sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos. En forma independiente como ya se dijera, está tipificado el delito de financiación del terrorismo sobre el que se volverá de seguido. 5. Las medidas contra el blanqueo y/o contra la financiación del terrorismo, se aplican de manera apropiada, en particular, en lo que concierne al deber de diligencia e identificación de los clientes? Se suscitan problemas respecto de la disponibilidad de las direcciones formales de los clientes, de las tarjetas o documentos de identidad, protección de la intimidad del cliente, etc.? La existencia de estos problemas puede afectar a la implemen- RIDP/IRPL, vol.78, 2007 / 3-4 (CD-ROM Annexe) -7-

8 Coloquio Preparatorio Cleveland (EE.UU.), abril 2008 Argentina tación de las medidas contra el blanqueo y/o contra el terrorismo? Hay un debate en su país en cuanto al modo en que las políticas contra el blanqueo y/o la financiación del terrorismo afectan o se ven afectadas por otras prioridades políticas públicas (p.e. desarrollo económico, protección de la salud, del medio ambiente, etc.)? Aún antes de la sanción de la Ley y de la creación de la Unidad de Información Financiera, en la República Argentina se fueron dictando normas, en especial por el Banco Central de la República Argentina a fin de adoptar medidas de prevención del blanqueo de dinero; las medidas fueron ampliadas a la financiación de terrorismo, a través de las que se tiende a la adopción de un adecuado sistema de due diligence (a modo de ejemplo, se debe designar un oficial de cumplimiento (compliance) de las normas antilavado, que incluye financiación de terrorismo; comités de riesgo; capacitación continua al personal, sistema informativo [ éste genera conflicto debido a la duplicidad que en muchos casos deben afrontar algunos de los sujetos obligados a confeccionar los ROS (sars). El debate, en principio, se genera frente a las mayores cargas que deben afrontar quienes desempeñan actividades privadas a fin de mantener el régimen informativo, asimismo el sistema presenta ciertas contradicciones con una marcada existencia de economía informal. 6. Entre algunos órganos de decisión y políticos se debate actualmente sobre la necesidad de adoptar, en lo que concierne a la prevención de la financiación del terrorismo, un enfoque normativo o un enfoque fundado sobre la gestión de riesgos. En términos generales, el primero supondría la aplicación general de las medidas y reglamentación existente, mientras que el segundo enfoque permite una mayor diferenciación y se concentra en los sectores de riesgo. Se aplican medidas de este tipo en su país o, en su caso, se debate en su país en torno a esta cuestión relativa a los dos enfoques? En la República Argentina, por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1225/2007 de fecha 13 de Septiembre de 2007 (B.O.), se aprobó la Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, fijando para un término de dos años, una serie de amplios objetivos, entre los que se mencionan reelaboración del régimen penal, consolidación de las reglas de control del sistema financiero, ampliación de la lista de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas, fortalecimiento institucional de organismos estatales encargados de la prevención, incremento de los mecanismos de cooperación internacional. En la misma agenda se incluyen los organismos participantes los que cubren un amplio espectro, lo que permitiría un enfoque fundado sobre la gestión de riesgos. 7. Puede informar acerca de las mejores prácticas o de los retos o dificultades actuales de interés en cuanto a los enfoques basados en el riesgo? 8. Hay disposiciones legales en cuanto a sistemas informales o paralelos de transferencias de valores, como el hawala, hundi, fei chien, padala, redes de cambio del mercado negro, etc.? Existen disposiciones normativas referentes a las formas en las que se debe importar o exportar dinero, estableciéndose límites relativos o modalidades especiales para sacar o ingresar dinero del/al país. Esta regulación se modifica con las diferentes políticas económicas imperantes. 9. El sector privado colabora de manera cercana con las agencias oficiales? con qué agencias? Deben colaborar por disposición legal, fundamentalmente con la Unidad de Información Financiera y con los organismos de superintendencia de cada actividad, estando obligado a ello. 10. En qué medida y a través de qué agencias trabaja su país en la cooperación internacional en materia de supervisión de las instituciones financieras? El país adecua su normativa y el desarrollo de su actividad a los marcos internacionales que se ejecutan con relación a la actividad financiera, por ejemplo, puesta en marcha de Basilea II, para el año IV. Congelación de fondos 1. Qué legislación nacional existe en cuanto a la congelación e incautación de los bienes y fondos de los terroristas? Es una legislación penal o administrativa? Con relación a esta pregunta, cabe hacer remisión a lo contestado respecto al decomiso, donde se hace referencia a la posibilidad de establecer medidas cautelares (bloqueo / freezing ) de bienes que se detecten en los procesos en los que se estén investigando hechos de terrorismo. La norma que se desarrolla más adelante, está RIDP/IRPL, vol.78, 2007 / 3-4 (CD-ROM Annexe) -8-

9 Coloquio Preparatorio Cleveland (EE.UU.), abril 2008 Argentina contenida en el Código Penal y encuentra disposiciones en armonía con ella en el Código Procesal Penal de la Nación, según se detalla. 2. Qué tipo de bienes (fondos, medios financieros, otros) resultan alcanzados por estas medidas? Cualquier tipo de bienes. 3. Describa por favor el procedimiento nacional relativo a la implementación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad sobre listas de designación o para la eliminación de nombres que no deberían figurar en la lista (responder, por favor, haciendo referencia a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las NN.UU., etc.). Se dictaron una serie de Decretos del Poder Ejecutivo, así como Resoluciones Ministeriales con el objeto de que los nombres que están incluidos en aquellas resoluciones sean cotejados a los fines de minimizar riesgos de financiación de actos de terrorismo. Tanto el Banco Central de la República Argentina, a través de las Comunicaciones que dicta y que son obligatorias para el sistema bancario y cambiario [en la Argentina las casas de cambio están sujetas al control y supervisión del Banco Central], así como los demás organismos de control y supervisión de sujetos obligados a informar operaciones inusuales, y la Unidad de Información Financiera, han incluido en sus resoluciones la obligación de cotejar los listados. 4. Hay casos documentados en los nombres de personas o de organizaciones no lucrativas que hayan sido incluidas (o sacadas) de las listas? 5. Se esfuerza su país en delimitar las consecuencias jurídicas de la designación de entidades no lucrativas activas en su país? En caso afirmativo, con qué resultado? En el país se analizan las consecuencias que se podrían verificar en virtud de la armonización de las normas nacionales a los dictados de los organismos internacionales. Debido a la reciente entrada en vigencia de las normas que regulan el tema y a que se está llevando a cabo el proceso de adecuación de ellas no se tiene resultados con relación al tema indicado. 6. Hay datos sobre los tipos de grupos u organizaciones terroristas que se han visto afectados por las medidas de congelación de fondos y con qué resultado? V. Medidas penales A) Derecho Penal Material 1. Cómo se define la financiación del terrorismo en su derecho penal nacional? En qué artículo? El delito de financiación de terrorismo está contenido en el Art. 213 quáter del Código Penal Argentino que lo tipifica de la siguiente manera: el que recolectare o proveyere bienes o dinero, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar a una asociación ilícita terrorista de las descriptas en el artículo 213 ter, o a un miembro de éstas para la comisión de cualquiera de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento 2. La financiación del terrorismo constituye en su sistema jurídico un tipo penal separado o es una forma de participación en el crimen de terrorismo? Es un tipo penal separado. 3. Bien jurídico protegido Por la ubicación sistemática en el Código Penal el bien jurídico cuya lesividad se pretende evitar es el orden público, incorporándose a través de la sanción de la Ley el Capítulo VI. Asociaciones Ilícitas terroristas y financiación del terrorismo. 4. Cuáles son los elementos constitutivos del delito de financiación del terrorismo? 4.1. Tipo objetivo Sujetos Quién puede cometer este delito? Las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables? Cuáles son los deberes, responsabilidades y derechos de los familiares de las personas acusadas o perseguidas por hechos terroristas? RIDP/IRPL, vol.78, 2007 / 3-4 (CD-ROM Annexe) -9-

10 Coloquio Preparatorio Cleveland (EE.UU.), abril 2008 Argentina Cualquier persona física puede ser autor del delito de financiación del terrorismo. No está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dijera con relación al decomiso de bienes Comportamiento Es punible la provisión de fondos a los presuntos terroristas, para un acto de terrorismo o a una organización terrorista? El apoyo material? Se incluye el apoyo indirecto (p.e. ayudando en los desplazamientos) en esta definición? Hay debate sobre la tendencia expansiva en la definición de los actos incriminados? Se prevé la conducta de proveer o recolectar dinero o bienes a un miembro de una asociación ilícita terrorista. Otro tipo de ayuda, será analizada en el marco de las reglas de la autoría y de la participación Objeto: Fondos: todo tipo de fondos? Incluidos los que tienen su origen en otra infracción? Cuál es la relación con el blanqueo de capitales? Es la financiación del terrorismo punible incluso aunque los fondos no se hayan utilizado para la comisión de un acto de terrorismo? Se incluye todo tipo de bienes; si proviene de otro delito y fueron sometidos a un proceso de lavado de dinero, se deberá analizar las conductas conforme a las reglas de concurso de delitos, o, eventualmente, normativo. Es punible la acción de financiar en forma independiente a que se lleve a cabo el acto terrorista Tipo subjetivo Dolo. Se castiga la financiación por imprudencia? Es un delito doloso Otros elementos subjetivos 4.3. Justificación / Exculpación. Son aplicables las causas generales de justificación o exculpación? Existen causas específicas de justificación? Son aplicables las causas generales de justificación o exculpación 5. Qué penas se prevén para estos actos? 5.1. Privación de libertad. Duración (igual, menor o mayor que por otros delitos de terrorismo) Se prevé una pena mínima de cinco años y máxima de quince años de reclusión o prisión. La pena máxima es menor que la prevista para el supuesto de tomar parte de una asociación ilícita terrorista. La ley publicada en el Boletín Oficial con fecha 17/03/2000, y con relación a la comisión de hechos de terrorismo prevé la facultad en forma excepcional de reducir la escala penal a la correspondiente a la tentativa o limitarla a la mitad al imputado que, antes del dictado de la sentencia definitiva, colabore eficazmente con la investigación. Si bien, esta disposición es anterior a la tipificación del delito de financiación de terrorismo, la Ley modificó el artículo 1 de la ley , estableciendo que a los fines de ella se consideran HECHOS DE TERRORISMO los previstos en el art. 213 ter del Código Penal Asociación ilícita terrorista. Siendo ello así, como la condición para analizar la reducción de la escala penal es brindar información esencial para evitar la consumación o continuación del delito o la perpetración de otro, o que ayude a esclarecer el hecho objeto de la investigación u otros conexas, o suministrare datos de manifiesta utilidad para acreditar la intervención de otras personas, siempre que el delito en que se encuentre involucrado el beneficiario sea más leve que aquél respecto del cual hubiere brindado o aportado su colaboración, o cuando la información brindada hubiere permitido acreditar la existencia de la asociación ilícita, desbaratar sus actividades o acreditar la intervención de alguno de sus miembros en el hecho delictivo, cabe la posibilidad de reducir la escala penal del delito Son aplicables medidas de seguridad? No están determinadas en forma especial; corresponde su aplicación si se verifican los presupuestos generales Comiso / confiscación de fondos terroristas. Destino final de los fondos embargados o confiscados. El Art. 23 del Código Penal Argentino establece que en todos los casos en que se dicte sentencia condenatoria por delitos contemplados en el Código Penal, así como en leyes penales especiales, se debe decidir sobre el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros. La misma disposición legal establece que, cuando RIDP/IRPL, vol.78, 2007 / 3-4 (CD-ROM Annexe) -10-

11 Coloquio Preparatorio Cleveland (EE.UU.), abril 2008 Argentina el autor o los partícipes del delito, hubiesen actuado como mandatarios de alguien [persona física o jurídica], o como órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho [beneficio] del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, EL DECOMISO SE PRONUNCIARÁ CONTRA ESTOS ÚLTIMOS. Se entiende que en el caso del mandante, para que proceda la aplicación de esta disposición, tiene que ser ajeno al delito, y además se colige que a pesar de no estar prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas éstas pueden ver afectado en algún grado su patrimonio a través del decomiso indicado. En cuanto a las medidas cautelares a adoptar a fin de asegurar el decomiso, se establece que el JUEZ desde el inicio de las actuaciones puede adoptar aquellas que resulten suficientes. Así podrá establecer cautelas sobre inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y de todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, haya presunciones de que el decomiso pueda recaer. Medidas equivalentes podrán ser adoptadas a fin de hacer cesar la comisión del delito [por ejemplo hacer cesar el fondeo para la financiación del terrorismo] o para evitar que se consolide su provecho o impunidad de sus partícipes. Siempre se dejará a salvo los derechos de restitución o indemnización de los damnificados o de terceros Existe algún procedimiento de compensación o reparación de las víctimas del terrorismo? Por ejemplo, alguna disposición relativa al uso de los bienes confiscados para reparar a estas víctimas? Más allá de la disposición general contenida en el Artículo 23 del Código Penal, que se explicó en el punto anterior, el procedimiento de compensación o reparación de las víctimas de hechos considerados de terrorismo se decide con posterioridad a su ocurrencia Otras sanciones, medidas o consecuencias aplicables. B) Derecho Procesal Penal 1. Es posible suspender o limitar los derechos humanos fundamentales en caso de terrorismo? En qué condiciones? Con qué frecuencia se han aplicado o se aplican estas disposiciones en su país? Hay algún estudio sobre la eficacia de estas medidas? Hay algún debate o controversia sobre si resultan conformes con los principios fundamentales del derecho de su país (p.e. la constitución) o con los estándares internacionales? Las garantías constitucionales legalmente deben aplicarse a cualquier tipo de investigación. Sin orden judicial emitida de conformidad con las garantías establecidas en la Constitución Nacional y con los parámetros internacionales sobre derechos humanos y garantías procesales, se puede suspender o limitar los derechos humanos fundamentales. El debate sobre la eficacia y adecuación constitucional de medidas de tal tipo es permanente. Este debate se plantea abarcando tópicos que también son de discusión con relación a otros temas; en lo que a este cuestionario interesa, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, genera la continua discusión sobre: derecho penal simbólico, derecho penal del enemigo, limitación de garantías constitucionales o doble estándar de ellas; inversión de la carga de la prueba; manejo probatorio fundamentalmente por presunciones; técnicas especiales de investigación, entre otros temas. 2. Derecho probatorio: Describa por favor cuáles son los elementos necesarios para probar los elementos constitutivos de la infracción Para acreditar el delito de financiación del terrorismo y sobre la base de los elementos materiales, se necesita acreditar el proceso de inversión, transferencia, giro, aporte (etc.) del dinero bienes a los fines indicados por la disposición legal; ello ya implica dificultades probatorias, sobre todo teniendo en consideración la probable utilización de vías reguladas para hacerlo, la intermediación de otras personas sean físicas o jurídicas; en definitiva el delito puede presentar similares dificultades probatorias que el delito de lavado de activos. 3. Informe, por favor, acerca del proceso (de jure y/o de facto) de decisión sobre a quién acusar y encausar; y cuál es el papel de las diferentes agencias (inteligencia, policía, servicios de represión, de información) en este proceso. Qué tipo y nivel de prueba son los exigidos? RIDP/IRPL, vol.78, 2007 / 3-4 (CD-ROM Annexe) -11-

12 Coloquio Preparatorio Cleveland (EE.UU.), abril 2008 Argentina La decisión de a quién acusar es del Ministerio Público Fiscal; en cuanto a la formación de una causa (encausar), las agencias deben actuar en consulta con el Ministerio Público con control del Juez competente a fin adoptar medidas de coerción sobre las personas, excepto en caso de flagrancia. Con relación a la exigencia de pruebas, ésta va cambiando dependiendo, de acuerdo con las distintas etapas del proceso. Desde el inicio, por ejemplo, detección de una operación inusual, donde el grado de exigencia a fin de cumplir con el reporte se basa fundamentalmente en el análisis de perfil de cliente (regla de Conozca a su cliente KYC ), y de la operación que se está realizando (análisis de Matriz de Riesgo) a la conformación de una causa judicial, se deben avanzar sobre la determinación de indicios, que deberán surgir como consecuencia de la actividad del Ministerio Público. La carga de la prueba recae en la parte acusadora. 4. La designación de los acusados/sospechosos para figurar en las listas anexas a las Resoluciones de las Naciones Unidas sobre terrorismo o adoptadas en aplicación de estas Resoluciones (en particular, Resoluciones 1267 y 1373) se hace por la vía administrativa o judicial? 5. En qué medida el proceso y los criterios de designación empleados son susceptibles de control público? 6. Durante cuánto tiempo pueden congelarse los haberes antes de que se presenten cargos criminales u otros? Si se detecta una operación inusual que puede tener relación con financiación de terrorismo, se debe dar inmediata intervención a la Justicia. 7. Pueden los bienes congelados usarse para gastos de la vida diaria y gastos relativos a la defensa? No 8. Qué recursos existen para el caso de que los bienes de un individuo o una organización se congelen y no se presenten cargos penales u otros contra la persona u organización afectada? Cabe recurso judicial? Derecho de apelar? Cuál es el procedimiento para eliminar el nombre del interesado de la lista de designación? En la República Argentina, no está prevista la incautación civil, si no se presentan cargos los bienes deben ser liberados 9. En caso de congelación de bienes de organizaciones no lucrativas es posible que, con anterioridad al proceso civil, administrativo o penal se destinen a beneficiarios legítimos o designados (en caso afirmativo, pueden las organizaciones no lucrativas o terceras partes solicitarlo)? No, la única asignación posible es para el Estado. Si corresponde el decomiso como consecuencia del dictado de una sentencia condenatoria, se puede disponer de los bienes en beneficio de instituciones de bien público, siempre que no colisione con los derechos de los damnificados ni de terceras personas 10. Qué opciones de recurso y apelación hay disponibles para los sometidos a estas medidas por vía penal? 11. Hay posibilidad de reparación por los daños causados al modo de vida o a la reputación de los sospechosos inocentes? Sí, deben iniciar una causa por la vía civil de reparación de daños demandando al Estado. VI. Cooperación internacional en materia penal 1. Es posible el auxilio judicial y la extradición por delito de financiación del terrorismo? Sí, en caso que se verifique el principio de la doble incriminación, regla general de cooperación. 2. Las designaciones resultan aceptadas y ejecutadas a partir de la mera solicitud o se exige la presentación de un comienzo de prueba (prueba prima facie)? A los fines de la cooperación internacional en materia penal, en el ámbito judicial, se exige un pedido formal con indicación de causa, descripción del hecho y tipificación. 3. Cuál es el procedimiento a través del cual los nombres de los individuos u organizaciones designados por otro país u organización resultan publicados en las listas domésticas o comunicados a los responsables de los servicios de persecución penal y/o a los actores no estatales? RIDP/IRPL, vol.78, 2007 / 3-4 (CD-ROM Annexe) -12-

13 Coloquio Preparatorio Cleveland (EE.UU.), abril 2008 Argentina Luego de la adopción de las Resoluciones referentes a la terrorismo por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se dictaron una serie de Decretos del Poder Ejecutivo, así como Resoluciones Ministeriales con el objeto de que los nombres que están incluidos en aquellas resoluciones sean cotejados a los fines de minimizar riesgos de financiación de actos de terrorismo. Tanto el Banco Central de la República Argentina, a través de las Comunicaciones que dicta y que son obligatorias para el sistema bancario y cambiario [en la Argentina las casas de cambio están sujetas al control y supervisión del Banco Central], así como los demás organismos de control y supervisión de sujetos obligados a informar operaciones inusuales, y la Unidad de Información Financiera, han incluido en sus resoluciones la obligación de cotejar los listados. El procedimiento por ello, es administrativo. 4. Con qué celeridad se exige al Estado satisfacer las demandas de auxilio mutuo o relativas a las listas de designación en materia de terrorismo? Caben las respuestas expeditivas? En qué condiciones? La regla general, contenida en la Ley de cooperación internacional en materia penal, establece que las autoridades que intervengan actuarán con la mayor diligencia para que la tramitación se cumpla con una prontitud que no desnaturalice la ayuda Esta disposición, así como el resto de las contenidas en la ley mencionada sirven para interpretar el texto de los tratados que firme la República Argentina con otros estados. 5. Cómo se aplica la exigencia de doble incriminación en relación con la financiación del terrorismo en cuanto a la cooperación internacional y mutuo auxilio? La infracción debe encontrarse definida en los mismos términos o basta con la existencia de una incriminación equivalente? Debe el grupo afectado encontrarse específicamente incluido en la lista como una organización terrorista? Basta con la existencia de una infracción equivalente. No es necesario que las personas investigadas en otra jurisdicción se encuentren incluidas en las listas, ya que la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, establece en su art. 1 que la República Argentina prestará a cualquier Estado que lo requiera la más amplia ayuda relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos que correspondan a la jurisdicción de aquél. 6. Cómo se aplica (o se ha aplicado hasta ahora) la excepción por delito político en materia de financiación del terrorismo? No hubo aplicación, por falta de tipificación anterior a julio de Los principios de aut dedere aut judicare y ne bis in idem se aplican en materia de financiación del terrorismo? Se deben aplicar por ser principios generales [conforme además lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en antecedentes]; por otra parte la Ley mencionada, que es el marco legal general a aplicar en ausencia de tratado específico de cooperación entre el país y otro u otros estados, establece que no constituirá obstáculo para brindar la ayuda, la circunstancia de que el delito cayere también bajo la jurisdicción argentina [esta regla presenta limitaciones relacionadas con los pedidos de extradición, en especial para proceder a la concesión de la extradición cuando hay una investigación en la República Argentina, se tendrá en consideración si en el país requirente el delito que se está investigando es de mayor gravedad, o se cuente con «facilidades notoriamente mayores», que en la Argentina para la obtención de pruebas]. 8. Cabe mencionar casos o retos de interés en cuanto a la cooperación internacional y mutuo auxilio ofrecido o recibido por su país? 9. Hay organismos regionales para el mutuo auxilio y la cooperación internacional? En forma independiente a los organismos de cooperación policial [INTERPOL] y a la participación de la Unidad de Información Financiera en el grupo Egmont, la AIMP (Asociación Interamericana de Ministerio Públicos) ha creado la Iber Red estableciéndose puntos de contacto entre los distintos países con relación a los temas de lavado de dinero y financiación de terrorismo. VII. Otras consideraciones La falta de respuesta a algunas de las preguntas se debe a la falta de antecedentes en razón de la reciente tipificación del delito de financiación de terrorismo. RIDP/IRPL, vol.78, 2007 / 3-4 (CD-ROM Annexe) -13-

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15 Preparatory Colloquium of the XVIII International Congress of Penal Law Cleveland (USA), 9-12 April 2008 Section II Criminal law: Special Part Financing of Terrorism AUSTRIA* Roland MIKLAU I. Empirical Aspects Issues of money laundering have received rather high attention in Austria both in legal policy and in practice. This is true for terrorist financing (TF) to a much lesser degree. The overall number of reports of suspicious transactions received by the Austrian Financial Intelligence Unit (FIU; see II.5.) is rising, as shown by the following FIU statistics: Year number of reports reports supposedly related to terrorism more than Approximately 80% of suspicious cases are reported by banks. At the judicial level figures are considerably lower: During cases of money laundering and three cases of TF were dealt with by public prosecutors. The investigations in the TF field concern groups of radical Islamists allegedly transferring monetary funds (in particular money stemming from donations) to Palestine, Iraq and Afghanistan (see also IV. 4 6.). II. Ratification of universal and regional instruments; legal and institutional national framework 1. Austria has ratified and implemented all the existing global (UN) and regional (Council of Europe, European Union) legal instruments against terrorism, including in particular the UN International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and the Security Council Resolution The only exception, for the time being, is the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (CETS 196) of 2005 which has been signed but not yet ratified by Austria. Austria has also implemented the European Community Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (Third Money Laundering Directive) as well as the FATF Recommendations on money laundering and terrorist financing. 2. Terrorist finance is a special offence under the Austrian Criminal Code (Article 278d), which has been adopted in 2002 in order to implement international legal obligations, in particular the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. 3. The terms terrorist group (Art. 278b), terrorist offences (Art. 278c) and terrorist financing (Art. 278d) are defined in the respective offences of the Criminal Code in accordance with the definitions contained in the EU Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism (2002/475/JHA). * Important notice: this text is the last original version of the national report sent by the author. The Review has not assured any editorial revision of it. -15-

16 Austria 4. The provisions of the Criminal Code mentioned under 3. are specific. The administrative provisions designed to prevent terrorist finance by banks and other financial institutions were developed to prevent money laundering and later extended to cover terrorist financing as well. 5. Bodies/organisations specifically in charge of terrorist finance (TF) have not been established. The Federal Agency for the Protection of the Constitution and the Fight against Terrorism (Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung BVT) which is a separate part of the Federal Ministry of the Interior and has local branches in the nine Austrian states, is also competent for countering TF. The Austrian Financial Intelligence Unit (FIU) forms part of the Federal Criminal Investigation Agency (Bundeskriminalamt BK) which is another separate part of the Federal Ministry of the Interior. It is competent for the collection and analysis of suspicious transactions and financial activities including TF cases the latter in accordance with a Memorandum of Understanding with the BVT. III. Prevention of terrorist finance 1. The legislation developed to prevent and detect money laundering (obligations for customer identification, due diligence, documentation, reporting procedures, training measures etc.) is applicable to countering terrorist finance as well. This legislation is in compliance with international standards, in particular the EC Money Laundering Directive and the FATF recommendations. If reasonable suspicion arises that the client of a bank or other financial institution may be a member of a terrorist group or that the transaction serves purposes of TF, the bank or other institution is obliged immediately to report to the FIU and to stop the transaction at least temporarily. The Federal Criminal Investigation Agency (FIU) is entitled to freeze/prohibit/postpone the transaction. If the FIU does not act until the end of the following banking day, the transaction can be carried out. If the FIU issues a freezing order, it has to inform the public prosecutor and the bank s client in due course. If the prosecutor informs the FIU that the he is not going to request a court injunction (see IV. 1 and 3. b below), the freezing order is to be cancelled. The maximum duration of a freezing order of the BK (FIU) is 6 months. Preventive measures do not apply to banks only, but also to other financial institutions, insurance companies, certain commercial firms (real estate brokers, firms trading in high-value goods), casinos, practicing lawyers, notaries, auditors and accountants. 2. The provisions on bank secrecy allow for the sharing of information regarding TF: a) in cases where the bank is legally obliged to report suspicious transactions (cf. 1. above); b) in the course of criminal investigations and prosecutions, if the court authorizes the public prosecutor to request information from the bank (Art. 116 of the Code of Criminal Procedure). 3. Since more than a decade a continuous process of discussion, exchange of information, training measures and feedback has taken place between the financial sector and law enforcement authorities. Cooperation fora have been set up and training seminars organised; once a year a strategic meeting is held. Austrian banks are employing special compliance officers for MLA and CFT. The Supervisory Authority for the Financial Market (Finanzmarktaufsicht FMA) in cooperation with the competent branch of the Chamber of Commerce has issued extensive guidelines and specific clarifications in the field, i.a referring to the term suspicious transaction and to the typologies of such transactions. The Ministry of Justice and the Ministry of the Interior have informed the police and judicial authorities on new legal provisions, pertinent procedures and other issues. 4. Whoever knowingly acquires property items of a terrorist group or administers, converts, realizes or transfers such property, commits the offence of money laundering (Art. 165 para.5 of the Penal Code). Whoever aids or abets such behaviour (including intentional omission), commits the same offence. In case of negligence towards fulfilling legal obligations in respect of due diligence, reporting etc., officials of financial institutions with competence for applying the due diligence/compliance provisions of the Banking Act commit an administrative offence (Section 98 Banking Act). RIDP/IRPL, vol.78, 2007 / 3-4 (CD-ROM Annexe) -16-

17 Austria Delaying or stopping a financial transaction under the erroneous assumption of a suspicious transaction does not give rise to civil liability of the bank or its employee, even if caused by negligence (Section 41 para.7 Banking Act). 5. AML/CFT measures with respect to due diligence and know your customer processes are, generally speaking, properly applied. In the past in particular issues on specific questions of trusteeships and on the handling of transactions by practicing lawyers for their clients have been discussed and specifically regulated. Acknowledged practices have been established in this respect. The ways and means of searching for as yet unknown bank accounts of suspects or otherwise related to criminal activities (in accordance with a Protocol to the EU Convention on Mutual Legal Assistance) have been discussed and settled by a gentlemen s agreement between the Ministry of Justice and the financial sector (under the auspices of the Chamber of Commerce).. The issues mentioned could have temporarily affected the effective implementation of AML/CFT policies. Political debate centred around the question inhowfar privacy/professional confidentiality/banking secrecy is affected by and infringed upon by AML legislation. 6.and 7. A risk-based approach has been favoured in Austria from the beginning of AML policy endeavours, and was strengthened by the FMA guidelines and increasing practical experience.this approach is endorsed by the Third Money Laundering Directive of the European Community. 8. Informal value transfer systems such as hawala are deeply rooted in the traditions of some regions of the world. They are based on mutual trust and informality and can therefore hardly be controlled. In Austria banking activities of a commercial nature are subject to licensing; the informal conduct of banking is therefore a (punishable) violation of the Banking Law. 9. Cooperation of the private sector with official agencies is generally good and has been furthered by the fact that suspicious transactions not infrequently turn out to be in reality (attempted) cases of fraud rather than ML/FT, and as such may eventually cause damage to the financial institution itself or to its clients. Cases of non-reporting suspicious transactions by financial institutions are reported to the supervisory authority FMA by the law enforcement authorities. 10. Austria widely engages in international cooperation on a multilateral as well as bilateral basis in the framework of EU institutions such as Europol and Eurojust, Interpol, FIU cooperation structures (Egmont Group), the FATF and UN (UNODC) counter-terrorism activities. The supervisory authorities for the financial market cooperate on European level as well. IV. Freezing of assets 1.and 3. There are national freezing and seizing provisions of an administrative as well as penal nature. a) The UN Security Council Resolutions relating to the prevention and suppression of FT were implemented in Austria by means of European Community legislation (Council Regulation No. 881/2002, which has been amended numerous times since its entry into force; Council Common Position of 27 December 2001 on combating terrorism). This legislation is of administrative character. It is enacted by legally binding Regulations of the Austrian National Bank, issued with the consent of the Federal Government (based on the Currency Law), which oblige the banks to freeze the assets of persons and organisations listed. Concerning inner-european terrorism (e.g. from Northern Ireland and Basque areas) a coordination process on EU level is conducted in the framework of the Common External and Security Policy which leads to Common Positions concerning the listing of additional names or groups whose assets are to be frozen by Austrian financial institutions in accordance with the said Regulations. This system of listing persons and groups on the basis of UN Resolutions and EU law has recently come under legal attack because of violating the basic rights to be heard in a legal process affecting property rights and to appeal to a judicial authority. The matter is currently pending with the European Court of Justice in Luxembourg. b) If there is suspicion that property was provided or collected for the purpose of FT or that it is at the disposal of a terrorist organisation and if such property would supposedly be declared forfeited according to the pertinent RIDP/IRPL, vol.78, 2007 / 3-4 (CD-ROM Annexe) -17-

18 Austria provisions of the Criminal Code (cf. V below), the criminal court, upon application of the public prosecutor, is empowered to issue an injunction to safeguard a future forfeiture order. This is based on the provisions of the Code of Criminal Procedure (Article 115). 2. The freezing regulations of the Austrian National Bank cover monetary funds and financial transactions (subject to a wide definition). In the context of criminal procedure, injunctions issued by a criminal court may extend to any kind of property (including outstanding debits) The legal acts referred to under 3.a) also contain political organisations with charitable activities. Data and evaluations on such organisations might have been undertaken on European level. The existing problems in this field are related to the interconnected and partly inseparable activities of a political, eventually terrorist, character and of a charitable nature. In particular criminal investigations were undertaken in Austria (as in other European states and in the USA) against Palestinian social and charitable organisations related to HAMAS. Some assets have been frozen in such proceedings. According to intelligence information it is assumed that at least 10 percent of charitable donations to Palestinian associations collected in Europe and North America are used for financing the military (terrorist) activities of HAMAS. V. Penal measures 1. Financing of terrorism is defined in Article 278d of the Criminal Code (see Annex 1). 2. Financing of terrorism is a separate incrimination. 3. The protected legal interest is the deprivation of assets from terrorist groups in order to make the preparation of terrorist acts more difficult. 4. Elements of the offence are the providing or collecting of funds/assets with the intent that such assets are (fully or partly) used for committing terrorist offences (specified in Article 278d) Any natural or legal person can be held criminally responsible The provision of funds to alleged terrorists for an act of terrorism or a terrorist organisation is punishable. Other kinds of material support including indirect support to an act of terrorism are punishable as participation in the terrorist offence. Such support to a terrorist group is punishable if committed with the knowledge to be conducive to this group or to criminal offences (of any kind) committed by the group. There was a short debate in Austria on the (extensive) nature of criminalised acts at the time of introducing the respective offences into the Criminal Code, but not since All types of funds with material value are covered, including proceeds from other crimes. Financing of terrorism is punishable irrespective of the fact whether the funds provided or collected have or have not been used for the commission of a terrorist act Intent (including the concept of dolus eventualis) is punishable, financing by negligence is not See under above The general grounds for justification or excuse are applicable. There are no particular grounds for justification. 5. The offence Financing of terrorism is punishable by imprisonment from sixth months to five years The punishment provided is, generally speaking, less severe than the punishment for terrorist acts or membership in a terrorist group The general security measures provided in the Criminal Code (CC) and in the Code of Criminal Procedure are applicable. No specific security measures are foreseen Property at the disposal of a terrorist group (Article 278b CC), or which has been provided or collected as a means for financing terrorism, shall be declared forfeited according to Article 20b CC. Whoever has obtained economic benefit from committing an offence shall be sentenced to confiscation of such benefit/the equivalent amount (Article 20 CC). The same applies, under certain limitations, if somebody has gained economic benefit during the period of his membership in a terrorist group. RIDP/IRPL, vol.78, 2007 / 3-4 (CD-ROM Annexe) -18-

19 Austria Whoever profits illegally and directly from an offence committed by another person, is to be sentenced to an amount equivalent to these profits. This applies to legal persons as well. Confiscated/forfeited funds and assets are part of public budgetary funds Victims of terrorism are entitled to compensation under the general provisions of the Act on Victims of Crime. There are no provisions for the use of confiscated assets in order to compensate victims. VI. Penal Procedure 1. The general measures of criminal procedure (on arrest and detention, use of special investigative techniques etc.) are applicable. The special technique of secret surveillance of non-public behaviour of persons by audio or video means is applicable i.a. in investigations against a terrorist group or in order to investigate or prevent crimes committed or planned by such a group. This special investigative technique requires an order of the public prosecutor based on a court s authorisation (Articles 136, 137 of the Code of Criminal Procedure). The introduction of this special investigative technique (at the time aiming at criminal organisations and later extended to terrorist organisations) was preceded by an intensive public debate because of its implications for the fundamental right to privacy. Since its introduction this measure was applied in practice one or two times a year (at least once against an alleged terrorist group). 2. The general rules of evidence law, the presumption of innocence and the general principle of free evaluation of evidence by the court apply. 3. Decisions whom to target and against whom to investigate are in principle the task of the Federal Agency for the Protection of the Constitution and the Fight against Terrorism (BVT). This Agency is an intelligence as well as police body. In cases of concrete investigations against individuals or if investigative powers subject to judicial control are required, the public prosecutor is to be informed, cooperates with the BVT and is the authority making final procedural decisions (eventually subject to court approval). During the investigatory stage no particular strength of evidence is required. Pre-trial detention requires strong suspicion. 4. Designation of suspects appearing on lists related to UN Resolutions relative to terrorism is based on administrative regulations of the Austrian National Bank following EU Regulations (cf. IV 1.and 3.a above). There is no judicial process and no judicial remedy. 5. The process is open to public scrutiny insofar as UN and EU decisions and decision- making processes are open to scrutiny. 6. Assets subject to EU (National Bank) Regulations and assets frozen upon court order can be frozen without time limit and independent from criminal charges against persons. Freezing orders by the Criminal Investigation Agency (BK/FIU) may not exceed six months. 7. Following the respective UN Resolutions, the use of frozen assets for daily expenses can exceptionally be granted. A concrete case of that kind has not occurred in Austria. 8. On national level there is no judicial or other review or appeal process (or process to remove one s name from the designation list) regarding the persons and groups listed in EU Regulations. An application for review can be filed with the Court of the European Communities in Luxembourg. Regarding assets frozen by the BK/FIU an appeal can be filed with the Independent Administrative Tribunal which is generally competent in administrative matters. In respect of court orders normal judicial review procedures are applicable. 9. Disbursement of frozen assets of charitable organisations to other beneficiaries is not possible. 10. Appeals against court orders can be filed with the Appeals Court. Under certain conditions review by the Supreme Court is possible. 11. In case of pre-trial detention of a suspect not followed by conviction for a criminal offence reparation can be sought under the Law on Compensation in Criminal Matters. RIDP/IRPL, vol.78, 2007 / 3-4 (CD-ROM Annexe) -19-

20 Austria If decisions of public authorities (judicial or other) turn out to be in violation of the law and if fault (negligence) of a deciding organ was involved, the state is liable to compensate damage under civil law terms. There are no other provisions on reparation. VII. International Cooperation in Criminal Matters 1. Mutual legal assistance and extradition for the financing terrorism offence is available. It can be based on the multilateral and bilateral treaties entered into by Austria, and it is also possible on the basis of reciprocity. Among EU Member States simplified procedures apply. 2. Requests for assistance and extradition are accepted and acted upon, as a rule, on the basis of mere requests containing a statement of facts, without evidence requirements. 3. and 4. The procedures for transforming UN Resolutions and EU Regulations on listing certain individuals and organizations into national action have been explained above (cf. IV 1. and 3 a). There are no specific time limits provided. Mutual legal assistance requests on terrorism cases are dealt with expeditiously, in particular if the requesting states ask for urgent compliance. Should there be delay at judicial level, the Ministry of Justice has a supervisory function. 5. The principle of dual criminality applies in terrorist financing, but in view of the UN instruments inducing legal harmonisation it should not be of great practical relevance. The existence of an equivalent criminalised act (defined in not exactly the same terms) is sufficient. A group prosecuted in the requesting state does not have to be specifically listed as a terrorist organisation for purposes of international judicial cooperation. 6. The political offence exception is largely excluded in terrorism finance cases by Article 6 of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Among EU Member States the political offence exception has been abolished altogether. 7. The principles aut dedere aut judicare and ne bis in idem apply in terrorism finance cases. 8. Due to limited practical experience with TF cases no specific successes or challenges can be reported. 9. On European level the bodies of Eurojust (for the 27 EU Member States) and the permanent Expert Committee on the Operation of Conventions in the criminal field (PC-OC; for the 47 Member States of the Council of Europe) are to be named as regional bodies for mutual legal assistance and cooperation. ANNEX 1 Article 278d CC Financing of terrorism (1) Whoever provides for or collects assets of property with the intent that they are used for the commitment 1. of hijacking (Article 185) or intentional endangering the safety of aviation (Article 186); 2. of an extortionate kidnapping (Article 102) or a threat with it; 3. of an attack on life and limb or the freedom of a person protected by international law, or a violent attack on an apartment, the official premises or the means of transportation of such a person capable of exposing this person to a danger for life and limb or freedom, or a threat with such an attack; 4. of an intentional endangering by nuclear energy or ionized radiation (Article 171) or a threat with it, of unlawful handling of nuclear materials or radioactive substances (Article 177b), of any other criminal offence to obtain nuclear materials or radioactive substances, or of a threat to commit a theft or robbery of nuclear materials or radioactive substances in order to force another person to an action, submission or omission; 5. of a substantial attack on life and limb of another person on an airport serving international civil aviation, of a destruction or substantial damaging of such an airport or civil aircraft on it or of an interruption of the services of the airport, so far as the act is committed with the use of a weapon or other device and is capable of endangering the security on the airport; 6. of a criminal offence committed in a way mentioned in Articles 185 or 186 against a vessel or a fixed platform, against a person on board of a vessel or fixed platform, or against the cargo of a ship or navigation equipment; RIDP/IRPL, vol.78, 2007 / 3-4 (CD-ROM Annexe) -20-

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