LA SAISIE DES COMPTES BANCAIRES, L EXÉCUTION PROVISOIRE, LA TRANSPARENCE DU PATRIMOINE ET LES MESURES CONSERVATOIRES EN DROIT ESPAGNOL.

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1 LA SAISIE DES COMPTES BANCAIRES, L EXÉCUTION PROVISOIRE, LA TRANSPARENCE DU PATRIMOINE ET LES MESURES CONSERVATOIRES EN DROIT ESPAGNOL Par: Juan Pablo Correa Delcasso Docteur en Droit. Avocat. Professeur de Droit à l Université de Barcelone I. INTRODUCTION II. L EXÉCUTION FORCÉE DES DÉCISIONS DE JUSTICE: GÉNÉRALITÉS. LA SAISIE SUR COMPTES BANCAIRES A. L EXÉCUTION FORCÉE DES DÉCISIONS DE JUSTICE: GÉNÉRALITÉS L exécution forcée des décisions de Justice est réglée aux articles 538 et ss. LEC, qui prévoient un régime unitaire pour l exécution de toutes sortes de titres, judiciaires et extrajudiciaires 1. Comme nous l exposerons tout au long de ce travail, l exécution demeure en Espagne une activité strictement réservée aux Tribunaux de Justice 2, qui doivent juger et exécuter ce qui a été jugé comme le dispose l article 117 de la Constitution Espagnole. 1 Dans l ancienne LEC de 1881, l exécution des décisions judiciaires était conçue comme une spécialité de l exécution des titres extrajudiciaires, raison pour laquelle cette procédure était réglée dans la partie du code réservée au juicio ejecutivo, procédure d exécution qui ne produit pas de pleins effets de chose jugée, et désormais réduite aujourd hui à un plan secondaire à cause de l introduction de la procédure d injonction de payer et de la mauvaise technique législative employée par la nouvelle législation, qui l a presque faite disparaître de la pratique judiciaire en ne lui consacrant que trois articles. Cependant, son ancienne prépondérance a laissé de nombreuses empreintes dans la nouvelle loi, tout spécialement dans la demande qui est aujourd hui exigée pour initier la phase d exécution. 2 Cette conception de l exécution comme une activité strictement réservée aux tribunaux de Justice a même motivé que la Cour Suprême, dans deux arrêts très controversés, questionne le caractère constitutionnel de l exécution hypotécaire notariale. Dans ce sens, v. l arrêt de la Cour d appel de Tarragona du 9 Octobre 2001 (AC 2002\840) qui résume très exactement les différentes opinions doctrinales et arrêts jurisprudentiels qui se sont succédés jusqu à present, tout en émettant une opinion favorable à son caractère contraire à la Constitution: PRIMERO.- Se resumen sus argumentos en la consideración como causa de nulidad de la escritura, la sobrevenida inconstitucionalidad del procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria, considerada por el Tribunal Supremo en su sentencia de (RJ 1998\3464); criterio reiterado en la sentencia posterior de (RJ 1999\2589) (...). SEGUNDO.- La sentencia que por primera vez se ocupa de la inconstitucionalidad sobrevenida del procedimiento extrajudicial sumario de ejecución hipotecaria en sus argumentos es del tenor literal siguiente: "Primero. Formula el recurrente el primer motivo casacional, bajo el amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL Report Spain.doc

2 ) con apoyo en las infracciones que denuncia de los artículos 117.3, 24.1 y 9.3 de la vigente Constitución Española (RCL 1978\2836 y ApNDL 2875). En síntesis, considera que el procedimiento extrajudicial del artículo 129 de la Ley Hipotecaria y de los artículos 234 y siguientes de su Reglamento (RCL 1947\476, 642 y NDL 18733), como tales normas preconstitucionales, contrarias a las exigencias y garantías que de los referidos preceptos constitucionales derivan, se hallan afectadas por la disposición derogatoria tercera de la Constitución, lo que supone que se ha seguido un procedimiento inconstitucional de ejecución hipotecaria, que, consecuentemente, está viciado de nulidad radical. Segundo. Tratándose, en efecto, de leyes preconstitucionales, como la Constitución es ley superior y posterior, los Jueces y Tribunales pueden, si entienden que son contrarias a alguna norma fundamental, inaplicables al caso, al considerarlas derogadas, sin que sea necesario promover la cuestión de constitucionalidad, a diferencia de lo que ocurre con las leyes o normas, con rango de ley, postconstitucionales, cuya legitimidad constitucional monopoliza el Tribunal Constitucional (sentencias del Tribunal Constitucional 4/1981 [RTC 1981\4], 14/1981 [RTC 1981\14] y 109/1993 [RTC 1993\109], entre otras) (...).Tercero. El procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria, carece de tradición en España, antes de la promulgación del Código Civil e incluso posteriormente, pues había prevalecido, frente a una concepción de inspiración romana, favorecedora de la venta privada de la cosa pignorada, como facultad del acreedor, la tendencia germánica, recogida en el Fuero Juzgo, que propiciaba, en todo caso, la ejecución judicial (...). Sin embargo, las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (28 noviembre 1893, 12 julio y 21 octubre 1901, 5 diciembre 1903, 19 febrero y 28 mayo 1904, 19 septiembre 1906, 9 y 17 junio 1910, 27 febrero y 29 y 30 octubre, 12 noviembre 1913 y 2 junio 1914) y algunas Sentencias del Tribunal Supremo (de 21 octubre y 3 noviembre 1902), apoyándose en el señorío del principio de autonomía de la voluntad (artículo 1255 del Código Civil) e, implícitamente, en una concepción escasamente publicista de la disciplina procesal, sometida al influjo de su consideración apendicular, como rama jurídica y a la soberanía de los pactos privados, determinaron una práctica que alcanzó rango de norma, inferior a las leyes formales, en el Reglamento Hipotecario de 6 agosto 1915, (artículo 201). Cuarto. Hoy, en día, resulta difícil de compartir, con una mentalidad jurídica actual, acorde con la evolución científica, y sobre todo social, los argumentos que sirvieron de justificación a la equiparación de la facultad concedida al acreedor prendario, con la establecida, por analogía, para el acreedor hipotecario (...). Pero, además, los más recientes argumentos que emplea en su defensa el Real Decreto 27 marzo 1992, número 290/1992 no son atendibles (...).Sexto. Desde la promulgación de la vigente Constitución Española, la regulación del Poder Judicial responde a criterios que refuerzan su significación en el conjunto de los poderes del Estado, con trascendencia hasta entonces no reconocida. El Poder Judicial se traduce como función estatal en la jurisdicción o actividad que despliega el Estado para hacer valer la eficacia del ordenamiento jurídico en los casos concretos controvertidos mediante la aplicación judicial del Derecho. Conforme al artículo de la Constitución Española, el contenido de la jurisdicción comprende, aparte otras funciones o poderes complementarios y subordinados (coerción, cautelar, documentación, disciplinario, etc.) dos manifestaciones básicas, la actividad declarativa que se conduce por el proceso de declaración y la actividad ejecutiva, por el proceso de ejecución. Ambas manifestaciones jurisdiccionales de declaración (no obstante esta primera en cuanto versa sobre materias disponibles cabe confiarla a la decisión de árbitros) y de ejecución (se entiende forzosa ya que siempre es posible el cumplimiento voluntario de las obligaciones ciertas o aceptadas), se desarrollan (a salvo las excepciones que la propia Constitución establece en favor del Tribunal Constitucional o de la jurisdicción militar) en el único marco posible del Poder judicial que tiene carácter exclusivo. El artículo de la Constitución proclama, en efecto, que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes. Los principios de exclusividad e integridad de la jurisdicción se complementan mutuamente, pues, mientras el primero separa de la función de aplicar las leyes y ejecutar lo juzgado a cualquier organismo o autoridad que no sea jurisdiccional, el segundo afirma que sólo a éstas corresponde el desarrollo de dichas funciones. Esta exclusividad e integridad de la jurisdicción también significa que no pueden los juzgados y Tribunales ejercer más funciones que las jurisdiccionales. Por eso la Constitución, igualmente establece que los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente le sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho (artículo de la Constitución). Septimo. La función de ejecución y, por tanto, la atribución del conocimiento del proceso de ejecución son cometidos propios de los Jueces y Tribunales integrantes del Poder Judicial directriz que, además, se asienta, como explica la doctrina científica en una arraigada línea histórica española que, a diferencia de otros ordenamientos extranjeros, no contempla la existencia de órganos de la ejecución autónomos, diferentes del Juez, línea reforzada por el señalado precepto de la Constitución Española y los

3 - 3 - Ceci étant, la saisie sur comptes bancaires ne peut être analysée que sous la perspective générale de la procédure d exécution, qui détermine les différentes étapes qui devront être suivies pour arriver au but poursuivi, comme pour le reste des saisies, mobilières ou immobilières. Synthétiquement exposées, ces grandes étapes sont les suivantes: concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según explicita, además, entre otras la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 167/1987, de 28 octubre (RTC 1987\167), al declarar que la titularidad de la potestad de ejecución corresponde exclusivamente a los propios órganos judiciales como una manifestación típica de la potestad jurisdiccional que la Constitución les ha conferido en su artículo Octavo. La confrontación de estos conceptos y criterios, con la posible legitimidad preconstitucional de un procedimiento de ejecución extrajudicial, arroja un resultado francamente contrario a la vigencia del referido procedimiento, cuya naturaleza de ejecución, al margen, de la jurisdicción, no es objeto de debate doctrinal serio. Ni siquiera soslayando su carácter de inadmisible ejecución privada, como practicada con publicidad notarial, mediante el artilugio de considerarla una ejecución pública notarial, cabe que se acepte su legitimidad puesto que la función notarial (tan valiosa, de otra parte) no puede sustituir a la estrictamente jurisdiccional, como es la actividad de ejecución (...).. Consecuentemente, el artículo 129 párrafo segundo de la Ley Hipotecaria debe considerarse derogado por la disposición transitoria tercera de la Constitución Española por oposición al artículo de la misma. Noveno. También, la dicha oposición surge, obviamente, por contraste con el artículo 24.1 de la Constitución Española que reconoce el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión, derecho que inevitablemente se relaciona con la recta observancia del artículo ya señalado, cuyas conexiones con aquél revelan una gran interdependencia, tanto más, cuanto, de acuerdo con el artículo 53, a) de la Constitución Española, corresponde a los poderes públicos el deber de promover la efectividad del derecho a la tutela judicial (Sentencia del Tribunal Constitucional 199/1987, de 16 diciembre [RTC 1987\199]). Este derecho no se satisface, desde luego, porque se admita, por vía reglamentaria, que el ejecutado en el procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria, no pueda realizar reclamaciones distintas a las que permiten la suspensión, si se acredita la admisión de querella por falsedad del título hipotecario, o se justifique la cancelación de la hipoteca, en atención a la remisión que establece el artículo 236 del Reglamento Hipotecario a los cinco últimos párrafos del artículo 132 de la Ley Hipotecaria (oposición por medio de juicio declarativo para solicitar la nulidad del título o de las actuaciones). En principio, el derecho a la jurisdicción (artículo 24), garantiza el libre acceso que no puede ser entorpecido u obstaculizado sino por causa fundada en ley siempre que razonablemente no impida o cercene el ejercicio de este último. Pero, sobre todo, lo que no puede confundirse es el derecho a oponerse a la ejecución por causas limitadas o taxativas que forman parte integrante del derecho de acción en su vertiente pasiva, con el reconocimiento de un derecho, al parecer ex novo a plantear un juicio declarativo de oposición que agrava la posición del ejecutado o de los terceros, aún más que en la ejecución judicial de la hipoteca que autoriza el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, dado que en éste las causas de oposición admitidas, tienen mayor amplitud, con lo cual se produce la paradoja de que una ejecución ni siquiera garantizada por su naturaleza jurisdiccional (y, por ello, inconstitucional) resulta más gravosa y perjudicial para el ejecutado que la judicial. Decimo. Razonada la derogación postconstitucional del artículo 129, párrafo segundo, de la vigente Ley Hipotecaria, huelga decir que los preceptos reglamentarios que traen causa del mismo siguen igual suerte al faltar el soporte legal que los explica, todo ello en virtud del principio de jerarquía normativa (artículo 9.3 de la Constitución Española) y, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL 8375) que prohíbe a los Jueces y Tribunales que apliquen preceptos contrarios a la Constitución o a la Ley o al principio de jerarquía normativa. Pero resulta, además, que en el caso se conculca, por las normas reglamentarias, el principio de legalidad que establece el invocado artículo 9 de la Constitución Española, en relación con el artículo 117.3, por cuanto las dichas normas regulan un proceso de ejecución, sin respetar la reserva de ley que esta disposición constitucional prevé para las normas de competencia y procedimiento. En efecto, las normas procesales civiles y éstas materialmente lo son en cuanto al objeto que regulan reclaman, formalmente, que consten en leyes (o normas equivalentes), según se desprende de lo establecido en el precepto constitucional que se cita y en el artículo , también, de la Constitución Española, de modo que las normas reglamentarias de carácter procesal no pueden aplicarse.

4 - 4-1) Présentation d une demande d exécution (art 549 LEC): Une fois échu le délai établi à l article 548 LEC pour que la partie condamnée accomplisse volontairement la décision du juge (vingt jours depuis la notification de celle-ci), le créancier (moyennant un avocat et un procurador lorsque le montant de l exécution excède la somme de 900 Euros 3 ), devra présenter par-devant le tribunal qui a connu de l affaire en première instance - Juzgado de Primera instancia (art. 545 LEC) - une demande d exécution, qui devra préciser: 1º) Le titre exécutoire dont l exécution est demandée. 2º) La tutelle juridique concrète que l on attend du tribunal. 3º) Une relation des biens de l exécuté susceptibles d être saisis (parmi lesquels les comptes bancaires, tout spécialement). 4º) Les mesures de localisation et d investigation du patrimoine du débiteur demandées ex art. 590 LEC. 5º) L identité des personnes qui devront subir l exécution (le débiteur, l avaliste, etc.). 6º) Le montant approximatif des frais et des intérêts que peut entraîner l exécution forcée, et qui ne peut dépasser 30% de la quantité réclamée dans la demande d exécution (art. 575 LEC). Cette demande (que nous accompagnons comme Annexe nº 1) peut être éventuellement accompagnée des documents indiqués à l article 550 LEC (pouvoirs au procurador; titre exécutoire extrajudiciaire; autres documents justificatifs). 2) Délivrance de l ordonnance d exécution ( auto despachando ejecución ): Si la demande remplit les conditions exigées par la loi, le tribunal rend une ordonnance d exécution (Annexe nº 2), non susceptible de recours, qui peut faire l objet, cependant, d une opposition restrictive, qui est formée par écrit, dont le contenu varie en fonction de ce qui a été concédé par le tribunal: 1º) Tout d abord, le débiteur peut alléguer pluspetición ou excès lorsque, par exemple, le tribunal, à la requête du créancier, a alloué plus de ce qui est établi dans le titre exécutoire. Une procédure très simple sera alors 3 En effet, selon l article 539 LEC, el ejecutante y el ejecutado deberán estar dirigidos por letrado y representados por procurador, salvo que se trate de la ejecución de resoluciones dictadas en procesos en que no sea preceptiva la intervención de dichos profesionales. Para la ejecución derivada de procesos monitorios en que no haya habido oposición, se requerirá la intervención de Abogado y Procurador siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a Ptas. En las actuaciones del proceso de ejecución para las que esta Ley prevea expresamente pronunciamiento sobre costas, las partes deberán satisfacer los gastos y costas que les correspondan conforme a lo previsto en el art. 241 de esta Ley, sin perjuicio de los reembolsos que procedan tras la décision del tribunal sobre las costas. Las costas del proceso de ejecución no comprendidas en el párrafo anterior serán a cargo del ejecutado sin necesidad de expresa imposición, pero, hasta su liquidación, el ejecutante deberá satisfacer los gastos y costas que correspondan a actuaciones que se realicen a instancia del ejecutado o de otros sujetos, que deberán ser pagados por quien haya solicitado la actuación de que se trate.

5 - 5 - entamée pour la détermination du montant exact, mais l exécution ne pourra être suspendue (art. 558 LEC). 2º) Ensuite, le débiteur peut s opposer pour des motifs de forme ou procéduraux (défaut de représentation, manque de capacité pour agir, etc.). Dans certains cas, le tribunal peut alors suspendre l exécution (art. 559 LEC). 3º) Finalement, une opposition peut être formée pour des raisons de fond, avec ou sans audience des parties. Dans ce cas, la décision du juge variera en fonction de ce qui a été demandé, et l exécution pourra être éventuellement suspendue (arts. 560 et 561 LEC). Dans tous les cas, les parties de l exécution auront toujours la possibilité de dénoncer l infraction de la loi commise tout au long de la procédure d exécution forcée (art. 562 LEC). L ordonnance qui accorde l exécution devra préciser (art. 550 LEC): 1º) Le nom des personnes qui devront subir l exécution. 2º) Le montant de celle-ci. 3º) Les mesures de localisation et d investigation qui ont été accordées. 4º) Les démarches qui seront entreprises par le tribunal pour saisir les biens du débiteur. 5º) La mise en demeure préalable du débiteur, lorsqu il s agit d un titre extrajudiciaire. 3) Exécution: Une fois l ordonnance délivrée, le tribunal met en marche la machine judiciaire et ordonne l exécution proprement dite (saisie-vente, saisie attribution, etc...). La loi règle alors, en deux titres distincts, l exécution de sommes d argent ou ejecución dineraria (qui fait l objet d une réglementation de 133 articles), et l exécution des obligations de faire et de s abstenir de faire ou ejecución por obligaciones de hacer y no hacer, établie aux articles 705 à 711 LEC En ce qui concerne l exécution des sommes d argent, la Loi prévoit les aspects suivants, exposés de manière synthétique: a) La saisie de biens doit toujours respecter le principe de proportionnalité, dans le sens que ceux-ci ne devront jamais revêtir une valeur supérieure à celle du montant exécuté, sauf s il n existe pas d autres biens moins précieux dans le patrimoine du débiteur (art. 584 LEC). b) La saisie pourra toujours être évitée ou annulée moyennant la consignation de la somme qui fait l objet de l exécution (art. 585 LEC). c) Les sommes d argent qui ont été consignées par le débiteur sont remises au créancier, sauf si une opposition a été formée contre l ordonnance d exécution (art. 586 LEC). d) La saisie produit pleins effets dès le moment où les biens sont indiqués sur l acte dressé lors de sa réalisation, indépendamment des mesures qui peuvent être prises a posteriori pour garantir sa pleine efficacité ou son ultérieure publicité (inscription au Registre Foncier, par exemple: art. 587 LEC). S il s agit d une saisie sur d autres biens qui ne doivent

6 - 6 - pas être indiqués au moment où l acte est dressé, lorsque celle-ci est pratiquée (soit la saisie sur un compte bancaire, entre autres), la saisie produira pleins effets dès le moment où le tribunal l accorde moyennant une décision précise (Annexe nº 3), qui est immédiatement notifiée à la personne ou organisme compétent. e) Lorsque le créancier ne connaît pas le patrimoine du débiteur, la loi prévoit alors: - sa déclaration devant le tribunal, pour qu il manifeste les biens dont il dispose (art. 590 LEC); - que le tribunal se dirige à toutes sortes d établissements bancaires, administrations fiscales, organismes et registres publics en général désignés par le créancier, pour que ceux-ci lui communiquent tous les biens du débiteur dont ils puissent avoir connaissance (arts. 590 et 591 LEC). f) Comme dans la grande majorité des législations de l Union Européenne, la Loi prévoit un ordre des biens à saisir en fonction de la difficulté que peut entraîner leur vente. À défaut d un pacte entre le créancier et son débiteur, le tribunal saisira donc, tout d abord, les sommes d argent placées en banque; ensuite, les valeurs, titres, etc... qui puissent être vendus dans un marché secondaire (en bourse, notamment); les bijoux et oeuvres d art; les revenus que produit un certain bien; les biens meubles; les biens immeubles; les revenus du travail, pensions, etc... et, finalement, les droits et crédits qui peuvent être perçus à long terme (art. 592 LEC). De même, certains biens ne pourront jamais faire l objet d une saisie (ceux qui composent le ménage indispensable d une maison; les instruments nécessaires pour l exercice d une profession, entre autres: art. 606 LEC) et la saisie d un salaire ou des revenus du travail, en général, devra respecter l échelle prévue à l article 607 LEC, qui pourra être modifiée en fonction des charges familiales (en un 15% maximum) et qui ne s appliquera pas lorsqu il s agit de verser une pension d aliments (art. 608 LEC). g) Une fois les biens ont été saisis, la Loi prévoit, bien évidemment, des mesures de garantie de la saisie, parmi lesquelles: - Le dépôt dans le Compte de Dépôts et de Consignations lorsqu il s agit d argent liquide et qui, dans la pratique, constitue un compte courant, que dispose chaque tribunal auprès de la Banque Banesto. Quand il s agit, par contre, de sommes d argent déposées en banque ou bien d un salaire, le tribunal ordonnera à l entité financière ou au payeur du salaire ou de n importe quel autre revenu du travail (Annexe nº 4), de retenir lesdites sommes et, dans le cas des perceptions salariales, de les virer au numéro de compte du tribunal (art. 621 LEC). - Une identification précise de l objet dans l acte dressé lors de la saisie, lorsqu il s agit d un bien meuble; acte qui devra de même désigner le dépositaire, fonction que peut exercer soit le débiteur même, soit un établissement public ou un tiers (arts. 624 et 626 LEC).

7 L annotation de la saisie dans le Registre Foncier lorsqu il s agit de biens immeubles ou d autres biens susceptibles d inscription dans ledit Registre, qui sera faite le jour même de l expédition par fax de l ordonnance du tribunal (art. 629 LEC. Annexe nº 5). h) Une fois les biens ont été saisis, la loi s occupe de leur vente. La nouvelle Ley de Enjuiciamiento Civil a introduit d importantes innovations législatives, qui prétendent éviter la vente aux enchères devant le tribunal, vu son inefficacité. Désormais, en vue d obtenir un prix de vente le plus élevé possible 4, la vente aux enchères est aujourd hui subsidiaire face à l accord des parties et, surtout, face à un autre mécanisme que prévoit la Loi, comme c est le cas de la vente par un établissement spécialisé. En ce sens, il faudra tout d abord établir (à défaut d un accord des parties) la valeur du bien qui a été saisi, avec intervention d un expert désigné par le tribunal, comme prévu aux articles 637 à 639 LEC. Ensuite, pour procéder à la vente du bien saisi, trois mécanismes pourront être envisagés: 1º) L accord des parties moyennant une convention de vente qui doit être impérativement approuvée par le tribunal (art. 640 LEC). 2º) La vente par un établissement spécialisé, sous le contrôle du tribunal, prévue à l article 641 LEC. 3º) La vente aux enchères, comme dernier et ultime remède (art. 636 LEC), réglée aux articles 643 à 654 pour les biens meubles, 655 à 676 pour les biens immeubles, 681 à 700 quand ils sont grevés par une hypothèque. De toutes ces dispositions, qui mériteraient sans doute une analyse en profondeur, il est important de souligner: - Le fait que le législateur s occupe, pour la première fois, de la communication qui devra être faite aux locataires ou occupants de l immeuble en général, pour qu ils produisent, devant le tribunal, les documents qui légitiment leurs droits (art. 661 LEC). - La suppression de l ancien système de vente aux enchères, qui permettait l adjudication d un bien à des prix irrisoires (art LEC). - La possibilité, pour l adjudicataire, de demander au tribunal de le mettre en possession de l immeuble et d expulser les occupants de fait qui puissent éventuellement y avoir (675 LEC). 4 Comme l affirme l Exposé de Motifs de la Loi: No son pocos los cambios y, sobre todo, el orden y previsión que esta Ley introduce en el procedimiento de apremio o fase de realización, previo avalúo, de los bienes afectados a la ejecución, según su diferente naturaleza. Además de colmar numerosas lagunas, se establece una única subasta, con disposiciones encaminadas a lograr, dentro de lo posible según las reglas del mercado, un resultado más satisfactorio para el deudor ejecutante, procurando, además, reducir el coste económico. Con independencia de las mejoras introducidas en la regulación de la subasta, la Ley abre camino a vías de enajenación forzosa alternativas que, en determinadas circunstancias, permitirán agilizar la realización y mejorar su rendimiento. Así, se regulan los convenios de realización entre ejecutante y ejecutado y la posibilidad de que, a instancia del ejecutante o con su conformidad, el Juez acuerde que el bien se enajene por persona o entidad especializada, al margen, por tanto, de la subasta judicial.

8 - 8 - i) Finalement, la Loi s occupe aussi de réglementer: - L administration d un bien en concept de paiement (c est-à-dire, en vue de gérer les revenus ou bénéfices qu il puisse éventuellement produire, et qui contribueront à réduire le montant total de la condamnation): arts. 676 à 680 LEC. - L intervention des tiers qui possèdent un crédit préférentiel (tercería de mejor derecho) ou de ceux qui se sont fait saisir de manière injuste leurs propres biens, qui n appartenaient donc pas au patrimoine du débiteursaisi (tercería de dominio) En ce qui concerne l exécution des condamnations de faire et de s abstenir de faire, la Loi prévoit, comme principales nouveautés: - La possibilité d imposer des astreintes à la partie condamnée, si elle n accomplit pas son obligation dans le délai établit par le tribunal (art. 699 LEC), qui peuvent représenter jusqu à 20% de la valeur du bien ou du prix dans le cas des astreintes mensuelles, et 50% de la valeur ou du prix dans le cas d une astreinte unique (art. 711 LEC). - L éventuelle saisie de biens que peut ordonner le tribunal pour assurer l accomplissement de l obligation (saisie qui peut être substituée par une caution), si celle-ci s étend sur une certaine période de temps (art. 700 LEC). - La réglementation distincte qu effectue la Loi dans chaque cas, tout en distinguant les cas où il s agit d accomplir une obligation de livrer un bien meuble; un bien immeuble; des biens fongibles, ou lorsqu il s agit, par contre, d accomplir une condamnation de faire ou de s abstenir de faire, de caractère strictement personnel ou non (arts. 701 à 710 LEC) Finalement, la loi prévoit aux articles 712 à 720 LEC la liquidation des dommages et intérêts lorsque ceux-ci doivent être liquidés lors de l exécution forcée (car demandés lors de la phase déclarative du procès ou parce qu une condamnation non pécuniaire n a pas pu être accomplie) ainsi que la liquidation des revenus perçus par le débiteur et la surveillance par le tribunal de l administration qui a pu être éventuellement faite de ces derniers. B) L EXÉCUTION SUR COMPTES BANCAIRES Après avoir exposé de manière succincte les grandes lignes de l exécution forcée en droit espagnol, qui sont tout à fait applicables à l exécution sur comptes bancaires (qui ne constitue qu une modalité très spécifique de ladite exécution), nous sommes en mesure de répondre au questionnaire qui nous est soumis, et qui trouve une grande majorité de ses réponses dans ce qui vient d être expliqué auparavant. 1. Compétence 1.1. Comme il a été exposé auparavant, l organe d exécution compétent est le Juzgado de Primera instancia (art. 545 LEC).

9 et Dans tous les cas, c est le juge qui dirige l exécution et qui ordonne la saisie des comptes bancaires. Normalement, quand il s agit de saisir des biens sur place, c est un fonctionnaire du tribunal (oficial de Justicia) qui se déplace au lieu de l exécution et qui dresse un acte où sont circonstanciées les caractéristiques des biens saisis (art. 587 LEC) Compétence locale/internationale Le tribunal compétent pour connaître de l exécution est toujours celui qui a délivré le jugement ou la décision en première instance (art. 545 LEC). La juridiction de celui-ci s étend uniquement à sa démarcation judiciaire, raison pour laquelle il devra recourir à l entraide judiciaire pour tout acte ou saisie hors de celle-ci, moyennant l utilisation d un document officiel nommé exhorto (arts. 171 et ss. LEC), qui pourra être géré par le procurador en vue d accélérer sa gestion (Annexe nº 6) à Comme nous l avons exposé jusqu à présent, la compétence judiciaire en matière d exécution n est jamais fixée en fonction de la situation des biens exécutés, mais du tribunal qui a rendu en première instance le jugement ou la décision de justice La procédure d obtention de l acte d exécution 2.1. Voir, sur ce point, ce qui a été dit auparavant, dans la partie A (Généralités). En outre, comme dispose l article 538 LEC, sont considérées parties à l exécution: a) Le créancier qui dispose d un titre exécutoire, judiciaire ou extrajudiciaire. b) Le débiteur qui apparaît sur un de ces titres; celui qui doit répondre personnellement de la dette ou possède des biens qui feront l objet de l exécution. c) Les tiers à qui le tribunal a ordonné que l exécution s étende Voir à nouveau sur ce point ce qui a été exposé dans la partie A, paragraphe Pour exécuter une décision de Justice, la Loi concède un délai de cinq ans (art. 518 LEC), face à l ancien délai de quinze ans qu avait établit la jurisprudence, mesure qui a été fort critiquée par la doctrine scientifique de par la faible importance qu elle attribue à l autorité de chose jugée. Par ailleurs, il existe d autres délais qui se succèdent tout au long de la procédure pour interjeter un recours ou comparaître éventuellement devant le tribunal (entre autres), qui ne méritent pas une mention spéciale Étant donné que le tribunal compétent pour connaître de l exécution est celui qui a délivré le jugement en première instance, le créancier ne doit fournir avec sa demande d exécution aucune pièce spéciale puisque

10 celles-ci se trouvent normalement dans le dossier (pouvoirs du procurador; décision de justice qui sert de base à l exécution forcée; etc.). Par conséquent, des pièces devront être fournies uniquement dans le cas d une exécution d un titre extrajudiciaire (normalement, les pouvoirs du procurador et le titre exécutoire) ou dans des hypothèses très concrètes, en fonction du contenu de la décision de justice (par exemple, si le titre condamne à la reconstruction d une maison, il est évident que, par la complexité de cette obligation de faire qui demande l élaboration minutieuse d une étude d architecte préalable ou l obtention de certaines autorisations administratives, le créancier devra produire un projet de reconstruction par-devant le tribunal, pour fixer de manière concrète l objet et le développement successif de l exécution) Comme nous l avons exposé auparavant, l exécution est toujours sollicitée par une demande, rédigée par un avocat et présentée par un procurador (Annexe nº 1) Avant la création de la Oficina de Averiguación Patrimonial, qui est l organisme compétent de l Administration fiscale qui délivre les informations requises par le juge, lorsque le créancier ne connaissait pas les comptes que pouvait éventuellement avoir son débiteur, le tribunal délivrait un oficio ou ordre dirigé à la banque, pour que celle-ci lui communique si la personne en question possédait ou non des fonds dans l une de ses succursales (Annexes nº 7 et nº 8). Cette pratique, toujours admise par certains tribunaux, a été progressivement substituée par l information que remet au juge l administration fiscale (beaucoup plus précise et efficace que l antérieure) ainsi que par la déclaration des biens du débiteur L organe de l exécution forcée c est-à-dire, le juge de première instance -, lorsqu une exécution lui est demandée; vérifie d office: a) tout d abord sa compétence territoriale (art. 546 LEC), qui pourra autrement faire l objet d un déclinatoire de compétence (art. 547 LEC); b) ensuite, que la demande remplit les conditions établies aux articles 549 et 550 LEC, qui ont été auparavant exposées, paragraphe 2, partie A des Généralités en matière d exécution Comme il a été dit tout au long de ce travail, le créancier peut apporter des compléments à sa demande d exécution, en vue de préciser son objet ou d améliorer son efficacité Lorsque le débiteur n a pas accompli volontairement la condamnation établie à la décision de justice dans le délai de 20 jours fixé par la Loi, le créancier peut présenter sa demande d exécution et le tribunal délivre ensuite l ordonnance d exécution ou auto despachando ejecución. Cette ordonnance est notifiée au débiteur (s il a comparu devant le tribunal), qui a toujours la possibilité de consigner la somme fixée dans l ordonnance d exécution avant que les biens qui ont été vendus aux enchères ne soient adjudiqués à un tiers (art LEC).

11 En principe, tous les actes d exécution sont notifiés au débiteur, qui a la possibilité de former recours comme prévu dans la Loi, notamment afin de dénoncer des infractions de procédure (art. 562 LEC) Le temps nécessaire pour obtenir un acte d exécution varie considérablement en fonction de la nature du titre exécutoire (judiciaire ou extrajudiciaire), car dans la deuxième hypothèse le tribunal doit suivre une procédure sommaire d exécution, ne produisant pas de pleins effets de chose jugée. En général, il faut compter entre quinze jours et un mois pour obtenir un auto despachando ejecución, livré à la suite de la demande d exécution. 2.7 et Selon l article 551 LEC, lorsque la demande d exécution remplit les conditions établies aux articles 549 y 550 LEC, le tribunal délivrera toujours l ordonnance d exécution. Même si la Loi ne prévoit pas les recours dont dispose le créancier pour la rare hypothèse qu un juge s oppose à rendre cette ordonnance, par analogie avec ce que dispose l article 455, s agissant d une décision du tribunal qui revêt un caractère définitif, celle-ci sera uniquement susceptible d appel par-devant la Audiencia Provincial Étant donné que l appel est un pourvoi écrit, où rarement se célèbre une audience devant le tribunal (quand il s agit essentiellement de mener à terme des preuves qui n ont pas pu être faites en première instance: art. 464 LEC), le débiteur devra forcément effectuer ses allégations par écrit pour s opposer à celles de son créancier Aucune caution n est exigée par la Loi pour exécuter un titre judiciaire ou extra-judiciaire. Comme nous l avons exposé auparavant, le créancier a la possibilité de demander jusqu à un 30% du montant de la condamnation pour couvrir les frais et dépens de la procédure d exécution (art LEC) et, lorsqu il s agit d une exécution non pécuniaire (obligation de faire ou de s abstenir de faire), il a la possibilité de demander au tribunal de saisir des biens suffisants du débiteur pour assurer l accomplissement de la condamnation ou bien de solliciter la production d un aval suffisant (art. 700 LEC) Aucune règle particulière ne s applique, en principe, lorsque le créancier sollicite des mesures de sûreté. Une caution est presque toujours demandée lorsqu il s agit d une mesure provisoire, mais non pas lorsqu il s agit d une mesure d exécution. 3. La prise d effet de l acte d exécution 3.1. à L ordonnance d exécution ainsi que les actes qui se succèdent tout au long de l exécution, sont notifiés aux parties qui ont comparu pardevant le tribunal. Normalement, il s agira toujours de la partie demanderesse et défenderesse, mais il est parfaitement possible que ce

12 soit un tiers, en accord avec ce que dispose l article 538 LEC et comme nous l avons exposé au paragraphe Le responsable de la notification est toujours le tribunal, qui remet les actes de communication au procurador pour qu ils les transmette à son tour à son représenté, au travers de son avocat. Avec la nouvelle Ley de Enjuiciamiento Civil, les écrits que présentent les parties, lorsque celles-ci ont comparu moyennant un procurador, se transmettent directement entre ces professionnels (arts. 153 et 154 LEC 5 ), mis à part la copie qui est toujours remise au tribunal. Dans les grandes villes, les notifications des décisions de justice sont centralisées par un service unique 6 (à Barcelone, Servicio de Actos de Comunicación ou SAC ), où les procuradores sont toujours présents pour accomplir leurs tâches Même si la LEC contient aux articles 225 et ss. des dispositions spécifiques en matière de nullité des actes de procédure, ces normes ne sont pas applicables pour l instant étant donné que son entrée en vigueur dépend d une future réforme de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire (LOPJ). Pour l instant, les articles 238 à 243 de cette dernière loi s appliquent donc de manière générale en matière de nullité des actes. En principe, une notification défectueuse (au débiteur ou au tiers débiteur) peut entraîner sa nullité, si elle n a pas permis à son destinataire d exercer son droit de défense; mais elle peut produire aussi de pleins effets dans le cas contraire, et n entraîne pas nécessairement la nullité de tous les actes de procédure antérieurs (principe de conservation des actes de procédure; pas de nullité sans grief). 4. Objet de l acte d exécution 4.1. à En principe, l objet de l acte d exécution est la somme qui apparaît sur le compte au moment de la saisie. Mais rien n empêche que le juge ordonne la saisie des soldes à venir ou celle des versements futurs sur le compte, entre autres 7. 5 Art. 153 LEC: La comunicación con las partes personadas en el juicio se hará a través de su procurador cuando éste las represente. El procurador firmará las notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos de todas clases que deban hacerse a su poderdante en el curso del pleito, incluso las de sentencias y las que tengan por objeto alguna actuación que deba realizar personalmente el poderdante. Art. 154 LEC: Los actos de comunicación con los procuradores se realizarán en la sede del tribunal o en el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores. El régimen interno de este servicio será competencia del Colegio de Procuradores, de conformidad con la Ley. Se remitirá a este servicio, por duplicado, la copia de la resolución o la cédula, de las que el procurador recibirá un ejemplar y firmará otro que será devuelto al tribunal por el propio sevicio. 6 Selon l article 163 LEC, En las poblaciones donde esté establecido, el Servicio Común de Notificaciones practicará los actos de comunicación que hayan de realizarse. 7 Voir, en ce sens, l arrêt de la Cour d appel de Valladolid du 19 Novembre 2002 (Actualidad Civil nº 18, Abril 2003, p. 1588) qui précise très exactement qu une saisie sur des biens qui n ont pas encore une existence réelle doit être déclarée nulle (dans le cas objet du pourvoi,

13 à Ceci étant, l accès au compte est donc limité au montant établit dans le titre exécutoire, pour l objet de la condamnation qu a été fixée dans l arrêt du juge (une ou plusieurs créances, annexes ou non) et, comme nous l avons exposé auparavant, en tenant compte des coûts de l exécution qui peuvent s élever à un 30% maximum du montant total de l exécution à La mainlevée de la saisie s effectue de la même manière que la saisie, c est-à-dire, moyennant un ordre du juge dirigé à la banque. Étant donné que la mainlevée de la saisie ne peut être effectuée que lorsque le créancier a été entièrement satisfait (art. 570 LEC) et qu une audience des parties est prévue au début de la procédure d exécution (sans oublier les différentes voies de recours que la loi prévoit contre certains actes d exécution), il n existe pas un délai d audience spécifique à ce stade de la procédure, ni pour le créancier ni pour le débiteur Bien qu il existe plusieurs modalités de comptes bancaires, dans la grande majorité des cas les comptes bancaires sont, en effet, des comptes courants ou des livrets d épargne à Le compte courant, comme la grande majorité des contrats bancaires, ne possède pas une réglementation spécifique en Espagne, vu le grand dynamisme du secteur bancaire et le caractère préétabli de leurs clauses. Comme le souligne la doctrine scientifique 8, les contrats bancaires, comme tout contrat d adhésion, doivent être analysés à la lumière de la législation protectrice des droits des consommateurs, notamment de la Directive 93/13, du 5 avril, en matière de clauses abusives et de la Loi Générale de défense des consommateurs, du 19 juillet 1984 (Voir Annexe nº 9: contrat-type de compte courant). une saisie sur une éventuelle dévolution d impôts par l administration fiscale), à la différence d une saisie sur les versements futurs d un solde qui ont une existence concrète, c est-àdire, la relation de travail génératrice d un droit de crédit: las eventuales devoluciones tributarias por los impuestos del valor añadido y sociedades, no surgen por la simple existencia de la mercantil ejecutada, aunque se presuma su actividad y su general condición de sujeto pasivo de tales impuestos, sino como aduce el Abogado del Estado, por la realidad de las autoliquidaciones y declaraciones tributarias que como tal sujeto pasivo y por la realización del correspondiente hecho imponible (que, lógicamente, puede o no suceder) hubiera presentado ante la administración tributaria y de las que derive que al término del período impositivo éste haya ingresado mayor cantidad que la que, por tales impuestos, le corresponde (...). Hasta entonces, no se ha producido el hecho adquisitivo y consecuentemente el derecho a la devolución no está presente en el patrimonio de la sociedad ejecutada, ni siquiera de manera expectante o en formación. Constituye una mera esperanza o posibilidad de existencia futura, no susceptible de embargo (...). El caso presente no es equiparable a ninguno de los supuestos que el Juzgador de instancia con intención analógica, cita en apoyo de su tesis (...) en el embargo de sueldos y salarios, la existencia de una relación laboral concreta que como tal y por definición, es generadora de un derecho de tracto sucesivo al cobro de un salario o una retribución menail o periódica. 8 EMBID IRUJO, La cuenta corriente bancaria, Contratos bancarios y parabancarios, Valladolid, 1998, pp. 303 et ss.

14 Les priorités qui existent en Droit espagnol pour le recouvrement des créances, sont principalement établies aux articles 1921 et ss. du Code Civil (Annexe nº 10). L accord d opération en compte courant n a donc pas de priorité par rapport à l acte d exécution Voir la réponse qui a été donnée auparavant Le créancier n est en aucun cas autorisé à résilier le compte de son débiteur, que ce soit à cause d une réclamation judiciaire ou extrajudiciaire De même, la banque ne peut pas résilier un compte en raison de la saisie, une décision de ce genre pouvant être considérée comme une grave atteinte aux pouvoirs du juge Les effets d opérations antérieures par lesquelles le débiteur dispose des sommes présentes sur son compte devront être déterminés par le juge et en aucun cas par la banque, comme dans le cas de la faillite (arts. 880 et ss. du Code de Commerce) à En principe, le débiteur peut disposer de certaines sommes lorsque l opération qui en résulte concerne des créances futures. Les conditions à remplir et l efficacité de ces opérations dépendront de si le débiteur garantira l accomplissement de l ordre du juge et de si la banque accède aux garanties offertes par celui-ci. Par exemple, si la saisie ordonnée par le juge ou par une autorité administrative (une administration fiscale) est d un montant de 800 Euros et le débiteur doit percevoir son salaire (2.000 Euros) dans un bref délai, la banque, en fonction de l ordre qu elle a reçu, peut permettre certaines dispositions d argent. Dans tous les cas, la banque exigera un document écrit où le retrait soit clairement spécifié. 4.4 à Il n existe pas des règles spéciales applicables dans le cas des comptes communs (Oder-Konten), mais une règle générale que les banques appliquent de manière systématique (et que l art. 541 LEC prévoit pour l exécution sur les biens de propriété commune des conjoints): en principe, uniquement sera saisie la moitié de la somme du compte courant ou du livret d épargne, et l autre titulaire pourra faire des virements ou d autres opérations sur ce compte, pourvu que l ordre judiciaire ou administratif ne soit jamais désobéi Le problème des détenteurs de comptes camouflés doit être réglé avant la procédure d exécution (lorsqu il s agit d une saisie judiciaire), car il n existe pas des règles spéciales dans ces cas. En effet, lorsqu une société n est qu un simple instrument d une autre pour éviter le recouvrement des dettes, la partie demanderesse devra diriger ab initio son

15 action en justice contre les deux sociétés et demander el alzamiento del velo ou disparition du voile 9 (action de déclaration de simulation). Cependant, lorsqu une administration publique veut saisir un compte en banque d un homme de paille pour le recouvrement d impôts ou d amendes, la banque ne saisira jamais un compte qui n appartient pas au débiteur ni doit rechercher d office l existence d autres comptes bancaires. En ce moment, certaines initiatives législatives visent ce problème, notamment lorsqu il s agit du paiement d amendes de circulation. 5. L effet de l acte d exécution 5.1. et 5.2. Comme il a été dit auparavant, le débiteur peut effectuer ou recevoir un paiement sur son compte. Tout dépend du montant qui a été saisi, afin de ne jamais désobéir l ordre qui a été délivré par le juge ou l autorité administrative En principe, le créancier n obtient pas un droit de gage sur la créance qui lui octroie une priorité De même que pour les autres créanciers, des saisies concurrentes devront être prises en considération, en fonction: a) De leur caractère privilégié ou non (arts et ss du Code Civil) b) De leur date, si elles sont toutes de même nature. La procédure pour obtenir la reconnaissance d une dette privilégiée dans le cours d une exécution forcée en matière civile, est prévue aux articles 613 à 620 LEC Dans ce sens, il n existe pas des délais fixés par la loi dans lesquels elles doivent être mises en oeuvre. 9 Dans ce sens, voir l arrêt de la Cour Suprême espagnole du 17 octobre 2000 (RJ 8046) qui a déclaré de manière très explicite que la doctrina jurisprudencial del «levantamiento del velo» se aplica, cuando consta probado que la sociedad, en cuestión, carece de funcionamiento real e independiente respecto de la otra persona que la controla, con lo que se convierte en simple instrumento de otra u otros para actuar en el tráfico mercantil sin voluntad, ni personalidad propia (...). Cuando se evidencia que la forma esconde una ficción, quepa penetrar en el sustrato personal de dichas entidades o sociedades, para evitar el perjuicio a terceros y su utilización como vehículo de fraude. De même, la Cour d appel de Barcelone (arrêt du 22 septembre 1999, AC 6334), a déclaré que Sabido es que la doctrina del levantamiento del velo proscribe la prevalencia de la personalidad jurídica si con ello se comete un fraude de ley o se perjudican derechos de terceros (Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de junio de 1991 [RJ 4411], 16 de marzo y 24 de abril de 1992 [RJ 2189 y RJ 3410], 16 de febrero de 1994 [RJ 1618] y 8 de abril de 1996 [RJ 2987] que resume la doctrina jurisprudencial sobre la materia). Tiene como función evitar el abuso de una pura fórmula jurídica y desvelar las verdaderas situaciones que se esconden bajo la apariencia de una sociedad para evitar ficciones fraudulentas (S. de 28 de mayo de 1984 [RJ 2800] que ha sido seguida por las de 16 de julio y 24 de septiembre de 1987 [RJ 5795 y RJ 6194], 5 de octubre de 1988 [RJ 7381], 12 de noviembre de 1991 [RJ 8234], 12 de febrero de 1993 [RJ 763] y 15 de octubre de 1997 [RJ 7267]). La idea básica es por tanto que no cabe ampararse en la separación de patrimonio de la sociedad por razón de tener personalidad jurídica propia, cuando tal separación es una ficción, una simulación que pretende obtener un fin fraudulento como incumplir un contrato, eludir la responsabilidad contractual o extracontractual, aparentar insolvencia, etc. (SS. 31 de octubre de 1996 [RJ 7728], 24 de marzo de 1997 [RJ 1991] y 24 de febrero de 1998 [RJ 976]).

16 Le créancier obtient normalement le transfert de la créance pour le recouvrement mais, s il s agit d une saisie judiciaire, ce transfert n est pas direct car l obligation de la banque est de verser la somme saisie dans le compte courant que chaque tribunal possède auprès de la banque BANESTO. 6. La situation juridique du tiers débiteur 6.1 à 6.3. Comme nous l avons exposé précédemment, sont considérées parties à l exécution, selon l article 568 LEC: a) Le créancier qui dispose d un titre exécutoire, judiciaire ou extrajudiciaire. b) Le débiteur qui apparaît sur un de ces titres; celui qui doit répondre personnellement de celle-ci ou possède des biens qui feront l objet de l exécution. c) Les tiers à qui le tribunal a ordonné que l exécution s étende. En principe, la LEC ne prévoit pas la déclaration du tiers débiteur; mais le tiers débiteur a l obligation de répondre au juge en fonction de ce qui lui a été demandé (il n existe pas en ce sens des limites spécifiques) L absence ou l inexactitude de contestation peut entraîner des sanctions pénales (désobéissance à l autorité judiciaire) qui, dans la pratique, ne sont guère appliquées (même s il faut aussi dire que, normalement, les tiers débiteurs collaborent avec l administration de justice). Une obligation de dommages et intérêts n est pas prévue para la loi dans ce cas La LEC ne contient pas des normes spécifiques en matière de protection du tiers débiteur. Cependant, dans la mesure où il pourra être considéré partie de l exécution, il aura la possibilité de faire valoir ses arguments comme toute autre partie de celle-ci, c est-à-dire, moyennant une opposition à l ordonnance d exécution ou à des actes concrets ordonnés par le juge tout au long de la procédure. 7. La protection du débiteur 7.1 à Comme nous l avons exposé dans la partie A (Généralités), la LEC prévoit la saisie du salaire ou des revenus du travail, qui doit respecter l échelle proportionnelle prévue à l article 607. En ce sens, la Loi dispose que le SMIC est toujours insaisissable (paragraphe 1), et que les quantités qui le dépassent seront saisies selon un pourcentage qui varie entre 30% (double du SMIC) et 90% (cinq fois le SMIC ou plus).

17 Dans tous les cas, ces pourcentages pourront être réduits en fonction des charges familiales en un 15% maximum, et ne s appliqueront pas lorsqu il s agit de verser une pension d aliments (art. 608 LEC) Toutes ces règles sont appliquées d office par le tribunal ou à la requête des parties, et le débiteur ne peut pas, en principe, exiger le payement immédiat d une somme alimentaire du tiers saisi Aucune disposition législative ne prévoit que le créancier pourra faire valoir un objet de protection particulier lors de l exécution pour cause d aliments ou en raison d une créance résultant d une faute délictuelle du débiteur. Comme nous l avons expliqué auparavant, l article 608 LEC contient une norme spécifique que peut invoquer le débiteur en matière d exécution pour cause d aliments. 8. Le recouvrement de la créance 8.1. à Une fois le juge a délivré l ordonnance d exécution, le tribunal ordonne la saisie des biens qui sont énumérés dans celle-ci ou bien tente de localiser d autres actifs moyennant une sollicitude dirigée à la Oficina de Averiguación Patrimonial. Dans tous les cas, lorsqu il existe des comptes en banque, la saisie est immédiate, les biens sont transférés au numéro de compte du tribunal, qui les délivre ensuite au créancier moyennant une simple décision qui ne fait pas l objet de motivation (Annexes nº 7 et 8) Les droits des créanciers concurrents sont établis aux articles 613 à 621 LEC, qui règlent la tercería de mejor derecho. Voir, sur ce point, ce qui a été dit aux paragraphes et à Comme dispose l article 613 LEC, la saisie concède au créancier qui exécute les biens saisis le droit à percevoir le produit de l exécution de ces biens, sauf si un droit préférentiel a été déclaré par sentence en vertu d une demande incidente de tercería de mejor derecho. En ce sens, ces crédits préférentiels sont décrits aux articles 1921 à 1929 du Code Civil et, comme le nom de ces crédits l indique, le principe de priorité prévaut à Voir la réponse à la question qui précède. 10 Selon cette norme, Lo dispuesto en el artículo anterior no será de aplicación cuando se proceda por ejecución de sentencia que condene al pago de alimentos, en todos los casos en que la obligación de satisfacerlos nazca directamente de la Ley, incluyendo los pronunciamientos de las sentencias dictadas en procesos de nulidad, separación o divorcio sobre alimentos debidos al cónyuge o a los hijos. En estos casos, así como en los de las medidas cautelares correspondientes, el tribunal fijará la cantidad que puede ser embargada.

18 Informations factuelles et juridiques 9.1 à Malheureusement, nous ne pouvons pas offrir les données statistiques qui nous sont demandées, car celles du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire ( ne contiennent pas ce degré de précision (Voir annexe nº 25 pour un recueil général de ces statistiques, inclues à la fin du présent travail). Cependant, notre expérience pratique nous prouve qu une saisie bancaire peut être effectuée très rapidement, si le tribunal agit dans un bref délai et de manière diligente. En effet, l ordre de saisie peut être notifié de manière quasiment immédiate si le numéro de compte est connu, et si le procurador, que le juge autorise normalement à porter l ordre du tribunal, se déplace rapidement à la banque pour saisir le compte. Dans ce cas, la saisie est pratiquée sur-le-champ par le Directeur de la succursale bancaire, qui précise l heure à laquelle elle a été faite ainsi que le montant saisi, en fonction du solde découvert dans le compte courant. Certaines administrations fiscales, notamment la Mairie, disposent de programmes informatiques directement reliés à la banque, qui permettent une saisie extrêmement rapide du solde à recouvrer. La période de temps nécessaire pour saisir un compte courant peut donc s étendre de 24 heures ou moins dans les cas les plus optimistes, à une semaine ou plus dans le pire des cas Avant l introduction de la nouvelle Ley de Enjuiciamiento Civil, les problèmes du droit de l exécution en général étaient très nombreux, d un point de vue de la lenteur de la Justice et de l inefficacité des mécanismes prévus par la Loi. Comme nous l avons exposé jusqu à présent, la grande réforme qui a été effectuée en matière de procédure civile moyennant la rédaction d un nouveau code, a beaucoup amélioré la phase d exécution des décisions de justice. Cependant, il est encore un peu tôt pour évaluer si la nouvelle loi a accompli de manière satisfaisante les bonnes intentions du législateur Vu la grande réforme qui a été effectuée en Espagne en matière de procédure civile, il n existe pas pour l instant de propositions politicojuridiques de réforme de la saisie sur comptes bancaires à Les coûts pour saisir une somme de Euros sont approximativement les suivants: - Frais de procurador: 300 Euros; - Honoraires d avocats: selon les normes officielles des Barreaux d Avocats de la Catalogne, Euros, mais ces tarifs ne sont généralement pas appliqués par les avocats à leurs clients, étant donné que la fixation du prix des honoraires est libre. - A partir du 1 Avril 2003, selon la Loi nº 53/2002, art. 35, le contribuable devra payer de même des frais de justice au début de l instance (qui varient en fonction de la quantité réclamée), et 150 Euros s il prétend l exécution d un titre extrajudiciaire.

19 Ces coûts sont initialement pris en charge par le créancier, mais sont répercutés à l exécuté lors de la liquidation finale (art. 575 LEC). 10. La saisie transfrontalière sur comptes bancaires à En principe, il n existe aucun obstacle pour admettre une saisie transfrontalière sur comptes bancaires en Espagne à l encontre d un débiteur ou d un tiers débiteur, que ce soit pour exécuter une décision de justice espagnole à l étranger ou à l inverse Voir la réponse à la question précédente à En principe, lorsqu une saisie transfrontalière sur comptes bancaires est admise, celle-ci doit être réalisée par notification de l acte d exécution au débiteur ou au tiers débiteur selon le Règlement CE 1348/00. Mais vu le manque d expérience pratique qui existe actuellement sur ce point, il s avère difficile de donner une réponse précise à cette question Les notifications fictives sont autorisées en Droit espagnol dans certains cas, qui ne se posent normalement pas lorsqu il s agit de saisir un compte en banque à Dans notre opinion, le droit applicable à l acte d exécution transfrontalier au regard du compte étranger sera le droit du pays où l exécution doit être menée, par rapport à tous les aspects qui nous sont demandés En Espagne, un acte d exécution étranger peut être reconnu et exécuté en fonction de ce que disposent les traités internationaux et, notamment, le Règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civile et commerciale. Le droit applicable sera le droit espagnol, notamment les articles 524 et ss LEC, pour la protection du tiers débiteur, les créanciers concurrents et la protection du débiteur La compétence du juge ne variera jamais si des changements de situation après l obtention du titre se produisent (par exemple, paiement de la créance). Normalement, cette circonstance devra motiver la clôture de l exécution (art. 570 LEC). La coordination avec le tribunal qui a rendu le titre n est pas spécifiquement prévue de manière expresse, mais celle-ci est tout à fait possible moyennant les mécanismes de l entraide judiciaire prévus aux articles 169 et ss LEC À notre avis, la réalisation de la proposition de Règlement portant création d un titre exécutoire européen ne changerait pas la situation en Espagne sur les questions qui ont été posées auparavant. Mais

20 l expérience pratique se révèle indispensable pour mettre en relief les difficultés d application légale que peuvent poser certaines dispositions de ce règlement 11. III. L EXÉCUTION PROVISOIRE 1. Quels titres peuvent être exécutés de manière provisoire? 1.1. et 1.2. L exécution provisoire est réglée aux articles 524 à 535 LEC. Même si la loi ne le dit pas expressément, les seuls titres qui peuvent être exécutés de manière provisoire sont les titres judiciaires, à savoir, un jugement ou un arrêt qui a fait l objet d un pourvoi en appel ou en cassation, ou une ordonnance ( auto ) qui contient une transaction ou une reconnaissance de dette de la part du défendeur Une ordonnance d injonction de payer ne peut jamais faire l objet d une exécution provisoire étant donné qu à la différence d autres pays comme l Italie, une fois échu le délai pour former opposition, la loi considère que l ordonnance initialement délivrée par le juge produit de pleins effets de chose jugée et ouvre les voies de l exécution forcée (art. 816 LEC) En droit espagnol, l exécution provisoire, comme l exécution définitive d une décision judiciaire, doit être sollicitée moyennant un écrit de demande (arts. 524 et 549 LEC) 13, que la partie gagnante dirige au 11 Comme nous l avons indiqué dans notre travail publié en langue espagnole, Análisis de la Propuesta de Reglamento sobre el Título Ejecutivo Europeo. Incidencia de la normativa comunitaria en la LEC, La Ley nº 5657 du 18 Novembre Sur ce point, voir mon travail rédigé en langue française La procédure d injonction de payer en Espagne, L injonction de payer dans l Union Européenne, Civil Procédure in Europe 4, Kluwer Law International, 2001, pp. 235 et ss. 13 Comme le dispose cette norme, sólo se despachará ejecución a petición de parte, en forma de demanda, en la que se expresarán: 1º El título en que se funda el ejecutante. 2º La tutela ejecutiva que se pretende, en relación con el título ejecutivo que se aduce, precisando, en su caso, la cantidad que se reclame conforme a lo dispuesto en el artículo 575 de esta Ley. 3º Los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento y, en su caso, si los considera suficientes para el fin de la ejecución. 4º En su caso, las medidas de localización e investigación que interese al amparo del artículo 590 de esta Ley. 5º La persona o personas, con expresión de sus circunstancias identificativas, frente a las que se pretenda el despacho de la ejecución, por aparecer en el título como deudores o por estar sujetos a la ejecución según lo dispuesto en los artículos 538 a 544 de esta Ley. Même si cette disposition prévoit, dans sa deuxième partie, que lorsque le titre exécutoire est une décision judiciaire, l exécution (provisioire ou définitive) ne devra nécessairement pas revêtir la forme de demande, dans la pratique les tribunaux exigent toujours une demande avec le contenu indiqué à l article 545 LEC. Cette previsión, qui a été fortement critiquée par un secteur de la doctrine (en ce sens, voir SERRA DOMÍNGUEZ, La Ley 1/2000 sobre Enjuiciamiento Civil, Ed. José María Bosch Editor, Barcelona, 2000, pp ), doit son origine au fait que le législateur espagnol a voulu régler de manière uniforme la